¡Escándalo político! El PP se enfrenta al Gobierno por las polémicas leyes de Concordia
El Gobierno de Pedro Sánchez recurrió en mayo ante el Tribunal Constitucional (TC) la norma que derogó la ley de memoria democrática de Aragón, y el organismo, presidido por Cándido Conde-Pumpido, decidió suspender cautelarmente dicha derogación mientras se resuelve el recurso
Esto ha generado tensión en varias comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) y Vox, donde se busca imponer leyes de concordia como alternativa a las legislaciones de memoria histórica, promovidas anteriormente por el PSOE.
Recientemente, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofreció al Gobierno valenciano de Carlos Mazón la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la Ley de Concordia regional aprobada en la comunidad, advirtiendo que, de no ser así, recurrirán esta norma ante el TC, como ya ocurrió con Aragón. Mazón defendió la ley aprobada en colaboración con Vox, afirmando que confía en una negociación "de buena fe" y sin ánimo de "inmiscuirse" en el autogobierno de la región. La Ley de Concordia valenciana busca sustituir el término "memoria histórica" por "concordia" y reconoce a todas las víctimas de la violencia desde 1931 hasta la actualidad, tanto de la guerra civil como del terrorismo.
En Aragón, el pacto entre el PP y Vox incluyó la derogación de la ley de memoria y la creación de un Plan de Concordia, pero esta derogación quedó en suspenso por decisión del Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el Ejecutivo central. En Castilla y León, la ley de concordia autonómica fue rechazada en el parlamento, aunque el Partido Popular mantiene que el texto presentado es constitucional, optando por no avanzar con la tramitación debido a razones de prudencia, dado que ya existe un recurso de inconstitucionalidad sobre la norma aragonesa.
En Baleares, a pesar de la ruptura del acuerdo de gobernabilidad entre el PP y Vox, el Grupo Parlamentario Popular anunció que votará a favor de la derogación de la normativa de memoria histórica vigente, destacando que su preocupación es que todo lo necesario quede recogido en la legislación estatal o en la ley de fosas. En Cantabria, el PP y Vox han comenzado los trámites para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la comunidad autónoma, tras aprobar su toma en consideración en el parlamento regional.
En otras comunidades, como Extremadura y La Rioja, las posturas varían. Mientras que en Extremadura el gobierno de María Guardiola no considera una prioridad aprobar una nueva ley de concordia, en La Rioja, donde gobierna el PP, no hay intención de derogar la ley de memoria autonómica aprobada en 2022. En Andalucía, aunque la ley de memoria fue aprobada con la abstención del PP en 2017, el gobierno de Juanma Moreno no ha mostrado intención de derogarla, lo que ha generado críticas por parte de Vox.
Finalmente, en comunidades como Madrid, Galicia, Murcia y Castilla-La Mancha, no existen leyes autonómicas específicas en materia de memoria histórica, siendo la situación menos conflictiva en estos territorios.
El debate en torno a la memoria histórica y la concordia sigue siendo un tema divisivo, con posturas enfrentadas entre los gobiernos regionales liderados por el PP y Vox, y el Gobierno central, que se opone a la derogación de las leyes de memoria, al considerarlas fundamentales para el reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo y otros periodos históricos.