La comparecencia de Pedro Sánchez duró menos de lo esperado, pero fue suficiente para marcar un hito en la historia política española. El pasado 30 de julio, el presidente del Gobierno se convirtió en el primer mandatario en ejercicio en ser interrogado en La Moncloa, actuando como testigo en la causa que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Sin embargo, su intervención fue breve: Sánchez se acogió a su derecho a no declarar, una opción que justificó en su relación sentimental con una de las personas investigadas en el caso.

La jornada comenzó cuando el juez encargado del caso, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, accedió a La Moncloa poco después de las 10:30, acompañado por un representante de la Fiscalía, las defensas de los acusados y la abogada de Vox, Marta Castro, que coordina las acusaciones populares. La declaración de Sánchez se celebró en un edificio anexo al Palacio de La Moncloa, conocido como el de la vicepresidencia. Según la información obtenida por este medio, el juez entregó a las partes el vídeo de la declaración de Sánchez este lunes.

En una providencia fechada el 18 de septiembre, el juez Juan Carlos Peinado convocó a las partes a las 12:00 para hacerles entrega de las grabaciones, una decisión que tomó tras verificar, a través del organismo público Madrid Digital, que el contenido estaba correctamente registrado en un CD. Pese a la oposición de la Fiscalía, que argumentaba que la entrega de las imágenes podría conllevar filtraciones, el juez consideró que el material debía ser facilitado porque «podría generar inferencias» a partir de las respuestas o el silencio del presidente del Gobierno.

Sánchez y su querella contra el juez Peinado

Durante su testimonio, Sánchez invocó su derecho a no declarar en virtud del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que permite a un testigo no testificar en contra de su cónyuge. El presidente presentó la querella tras que un juez suplente le denegara su petición de declarar por escrito. A pesar de que la acusación popular aceptó que Sánchez no declarara en lo que respecta a Begoña Gómez, criticaron que el presidente no respondiera sobre los otros dos acusados: el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

En una reacción que sorprendió a muchos, pocas horas después de su comparecencia, Sánchez interpuso una querella contra el juez Peinado, alegando un presunto delito de prevaricación. El recurso, firmado por la Abogacía del Estado, argumentaba que la querella buscaba defender la dignidad de la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, esta acción judicial excluyó a otro magistrado, Carlos Valle, quien había rechazado la solicitud inicial de Sánchez de declarar por escrito. La querella fue ampliada después de que el juez Peinado emitiera una providencia en la que sostenía que el silencio de Sánchez podría interpretarse para sacar conclusiones.

El pasado 9 de septiembre, el juez entregó los vídeos de las declaraciones de varios investigados y testigos, pero decidió retener la grabación de Sánchez hasta recibir «copias debidamente identificadas». Finalmente, en contra de la posición de la Fiscalía, Peinado decidió distribuir el vídeo del presidente. La Fiscalía continúa sosteniendo que la investigación contra Gómez es «prospectiva» y carente de indicios, un tipo de investigación prohibido que busca prever hechos futuros. Argumentan que entregar el vídeo podría causar filtraciones no deseadas, lo que podría derivar en su divulgación impropia.

El contexto de la imputación de Begoña Gómez

Begoña Gómez fue notificada de su condición de investigada el pasado 16 de abril. Apenas unos días después, el 24 de abril, Sánchez sorprendió al país al anunciar que se tomaría un periodo de reflexión para decidir si continuaba en su cargo. Esa decisión coincidió con el momento en que el abogado de Gómez firmaba su personación en la causa, lo que sugiere que el presidente ya tenía conocimiento de la situación judicial de su pareja antes de comunicar su reflexión pública.