García Ortiz intenta imponer su criterio sobre la amnistía, pero enfrenta la resistencia interna en la Fiscalía
Álvaro García Ortiz enfrenta una resistencia interna significativa en su intento de imponer un criterio favorable a la amnistía de Puigdemont. Los fiscales del procés en el Supremo han manifestado su desacuerdo y están dispuestos a invocar el artículo 27 para resolver el conflicto
La reciente aprobación de la Ley de Amnistía para los implicados en el procés catalán ha desencadenado un cisma en la Fiscalía española. Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, ha intentado imponer un criterio favorable a la amnistía de Carles Puigdemont y otros implicados, enfrentándose a una fuerte resistencia interna.
Álvaro García Ortiz ha evitado pronunciarse públicamente sobre la Ley de Amnistía durante su tramitación, rechazando las solicitudes del Consejo Fiscal y ocultando una petición del Senado para informar sobre la legalidad del texto. Sin embargo, tras la aprobación de la ley, García Ortiz ha intentado unificar el criterio de la Fiscalía en apoyo a la amnistía, lo que ha resultado en un conflicto interno significativo.
Resistencia de los Fiscales del Procés
Los fiscales encargados de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, han presentado un informe de más de cien páginas oponiéndose a la amnistía en los términos propuestos. Argumentan que la redacción final de la ley deja fuera el delito de malversación y están dispuestos a invocar el artículo 27 de su Estatuto. Este artículo permite a los fiscales plantear una discrepancia formal con su superior jerárquico para que el conflicto sea resuelto por la Junta de Fiscales del Alto Tribunal.
Posibles Escenarios
Si la Junta de Fiscales del Alto Tribunal apoya el enfoque de García Ortiz, los fiscales del procés tendrían que decidir si aceptan esta decisión o se mantienen firmes en su oposición a la amnistía por malversación. En caso de desacuerdo, García Ortiz podría apartarlos del caso y designar a otros fiscales para representar a la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, como ya ha sucedido en otros casos controversiales, como el de Tsunami Democràtic.
Implicaciones Judiciales
El choque de trenes en la Fiscalía ocurre cuando la Ley de Amnistía aún no ha entrado en vigor, ya que no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una vez publicada, los tribunales de toda España, incluidos los que manejan procedimientos vinculados con el procés, darán un plazo de diez días para que las partes, incluida la Fiscalía, se pronuncien sobre la aplicación y efectos de la ley.
En el Tribunal Supremo, la Sala Segunda de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, será la encargada de decidir sobre la aplicación de la amnistía a los prófugos y a los condenados e indultados del procés. Si el Supremo acoge los argumentos de los fiscales del procés, la amnistía podría quedar sin efectos prácticos, lo que evitaría la necesidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea (TJUE).
El conflicto en la Fiscalía refleja las profundas divisiones en torno a la Ley de Amnistía y su aplicación a los implicados en el procés catalán. La resolución de este conflicto interno y la decisión final del Tribunal Supremo serán determinantes para el futuro político y judicial de los líderes independentistas catalanes.