García-Page defiende el Estado de Derecho frente a las presiones independentistas
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su preocupación por la dependencia política de fuerzas que, en su opinión, buscan desestabilizar el país. En una intervención reciente, García-Page lamentó que "tengamos que depender, en buena medida, de aquellos que buscan hacer el daño en vez de hacer el bien al conjunto". Estas declaraciones se producen en un contexto de inestabilidad política en España, acentuada por las demandas de algunos grupos independentistas. En términos presupuestarios, el presidente castellanomanchego subrayó la necesidad de alcanzar una "normalidad financiera" en medio de la turbulencia política, advirtiendo que "solo faltaría que la inestabilidad política que hay en España se traduzca en un problema financiero de todas las administraciones".
En referencia a la reciente decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación cometido por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y varios exconsejeros implicados en el procés, García-Page reiteró su postura crítica hacia la manipulación del derecho. "El propio derecho, cuando se le retuerce, le pasa como a los tornillos, se pasa de rosca y tampoco sirve al propósito del que lo ha retorcido", afirmó. Esta frase ilustra su desacuerdo con las interpretaciones legales que, a su juicio, distorsionan el marco jurídico para fines políticos.
Durante su intervención desde Guadalajara, García-Page fue claro al señalar que el chantaje al Estado de Derecho y la vinculación de la estabilidad del país con intereses particulares es una práctica que considera injustificable. "La posibilidad de chantajear con el Estado de Derecho como lo hacen los independentistas y la de vincular la estabilidad en España a su propio interés personal carece de mucha base", comentó. Añadió que no podría "ser capaz de explicarlo", en referencia a las demandas de los grupos independentistas.
El mandatario regional también recordó que ya había advertido hace dos años sobre los límites de la amnistía, señalando que, al final, "la amnistía la deciden los tribunales" y que estas decisiones deben respetar el Estado de Derecho. A este respecto, subrayó que "el Estado de Derecho en España no solo lo fija la Constitución sino también la Unión Europea y los tratados internacionales", lo que implica que cualquier medida que busque la amnistía deberá ajustarse a normas y estándares jurídicos tanto nacionales como internacionales.
García-Page ha insistido en la importancia de preservar la estabilidad del país en momentos de incertidumbre, reiterando que las acciones de aquellos que buscan modificar las reglas del juego político y jurídico deben enfrentarse a la firmeza de las instituciones y los tribunales. Esta postura refleja su defensa de un marco jurídico sólido que no se vea comprometido por intereses particulares.