El Gobierno se despliega en defensa de Begoña Gómez: una nueva estrategia coordinada desde Moncloa
En un movimiento que ya se ha vuelto rutina, la maquinaria gubernamental de Moncloa ha vuelto a desplegarse en defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. La estrategia es clara y ha sido ejecutada con precisión: todos los ministros deben insistir en que "no hay nada de nada" en las acusaciones que se le imputan a Gómez. Esta táctica de defensa unificada ha sido mantenida a lo largo de los meses, incluso cuando las investigaciones judiciales continúan su curso, llegando ahora a la Fiscalía Europea.
Ayer fue un día especialmente revelador. Diversos ministros han aprovechado sus comparecencias públicas para reforzar el mensaje de inocencia de Begoña Gómez y lanzar duras críticas contra el juez encargado del caso. Destacan las declaraciones del ministro de Justicia y de la ministra de Defensa, ambos con antecedentes en la judicatura, quienes han calificado la situación de "grave indefensión" y "saínete judicial".
El despliegue ha sido contundente. "Begoña Gómez no sabe de qué se le acusa. La justicia no puede ser esto, no puede ser este saínete", afirmó con vehemencia el ministro de Justicia. La ministra de Defensa añadió: "Es absolutamente incomprensible que una denuncia falsa haya llegado tan lejos. Lo que he visto hoy me sorprende, no lo comprendo y creo que es una mala imagen para la justicia".
Esta defensa cerrada del Gobierno hacia la esposa del presidente Pedro Sánchez ha levantado cuestionamientos sobre la imparcialidad y el correcto funcionamiento de nuestras instituciones judiciales. En un momento en que la transparencia y la independencia de la justicia son fundamentales, la imagen proyectada es la de un Gobierno que no solo defiende a un familiar del presidente, sino que también ataca a la judicatura.
El espectáculo de ayer nos deja con una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para proteger a los suyos? Los ciudadanos merecen una justicia que opere sin interferencias políticas, y el caso de Begoña Gómez pone en jaque esta premisa esencial de nuestro estado de derecho.