¡Escándalo! Un acuerdo entre el gobierno y Bildu pone en peligro la seguridad nacional
Este pacto refleja la disposición del Gobierno de Pedro Sánchez para ceder en diversas áreas clave a fin de satisfacer las demandas de Bildu, incluyendo la redacción de una nueva ley que reemplazará la actual legislación de seguridad.
El acuerdo supone un avance significativo para la coalición de izquierda, que llevaba tiempo presionando para eliminar una ley que consideran restrictiva y represiva. Durante la anterior legislatura, los intentos de derogar o reformar la ley fueron infructuosos, pero ahora el Gobierno ha aceptado los puntos más controversiales que Bildu exigía modificar.
Principales Cambios en la Ley de Seguridad
Entre los puntos clave del acuerdo destaca la prohibición de las devoluciones en caliente en las fronteras, un procedimiento mediante el cual los inmigrantes que cruzaban irregularmente las vallas de Ceuta y Melilla eran devueltos de inmediato al lado marroquí sin pasar por los procesos legales habituales. Con la nueva normativa, los inmigrantes que pongan un pie en territorio español deberán ser trasladados a centros policiales o de inmigración, lo que podría agravar la presión sobre estos centros, que ya se encuentran saturados debido al aumento en la entrada de inmigrantes irregulares.
Otro aspecto importante del acuerdo es la prohibición del uso de pelotas de goma como material antidisturbios. Aunque el Gobierno se ha comprometido a sustituirlas de manera progresiva por otros materiales menos lesivos, el acuerdo no especifica cuál será el sustituto, lo que genera incertidumbre entre las fuerzas de seguridad. Las pelotas de goma han sido durante años un instrumento controvertido en las manifestaciones, debido a los riesgos que representan para la integridad física de los manifestantes, pero también han sido vistas como un elemento disuasorio clave.
Impacto en las fuerzas de seguridad
Uno de los aspectos más polémicos del acuerdo es la revisión del marco sancionador para las faltas de respeto a la autoridad y el delito de desobediencia. Las nuevas condiciones propuestas son tan restrictivas que, según algunos sectores, podrían en la práctica limitar la capacidad de las fuerzas policiales para ejercer su autoridad en situaciones de conflicto. Los sindicatos policiales y organizaciones como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya han expresado su preocupación por lo que consideran un posible "abandono" de las fuerzas de seguridad, dado que la nueva ley reduciría la capacidad de intervención en situaciones delicadas.
La eliminación de ciertas sanciones podría tener un impacto directo en la capacidad de las autoridades para mantener el orden en manifestaciones o situaciones de alta tensión, especialmente en momentos en que las fuerzas del orden están bajo una creciente presión debido a las tensiones sociales y políticas en varias partes del país.
Reacciones políticas y sociales
El acuerdo entre el Gobierno y Bildu ha generado reacciones mixtas en el ámbito político. Mientras que los partidos de izquierda y sectores progresistas celebran el avance hacia la derogación de una ley que consideran represiva, sectores conservadores y miembros de la oposición han criticado duramente las cesiones del Ejecutivo. Ven este acuerdo como una concesión excesiva a un partido que, en el pasado, estuvo vinculado al entorno de la organización terrorista ETA.
El Partido Popular (PP) y Vox han advertido que la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana podría debilitar la seguridad en las fronteras y en las calles, argumentando que muchas de las disposiciones de la ley vigente eran necesarias para mantener el orden público.
Por otro lado, la prohibición de las devoluciones en caliente llega en un momento en que las fronteras de Ceuta y Melilla están bajo una presión sin precedentes debido al aumento de la inmigración irregular. La reforma podría tensar aún más la situación en estos enclaves fronterizos, ya que se espera que los nuevos procedimientos impliquen más recursos y tiempo para procesar a los inmigrantes.