Política

El Gobierno enfrenta desafíos por la "financiación singular" de Cataluña

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El Gobierno de Sánchez enfrenta críticas por la propuesta de "financiación singular" para Cataluña, generando debate sobre la equidad y la constitucionalidad del modelo.

En los ámbitos de la Moncloa y Ferraz, ha surgido una complicación considerable con respecto al compromiso que Pedro Sánchez está dispuesto a adquirir con ERC. Este acuerdo, destinado a asegurar la investidura de Salvador Illa, ha generado una serie de preguntas y contradicciones para el Partido Socialista.

Durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, junto a Diana Morant del PSPV, se encontraron con cuestionamientos persistentes acerca de la "financiación singular". Alegría se esforzó por explicar el contexto, destacando que bajo la presidencia de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han recibido un incremento significativo de fondos comparado con la administración anterior. Según sus palabras, "en los seis años de Pedro Sánchez como presidente, las comunidades han recibido 250.000 millones de euros más que con Mariano Rajoy, a los que sumó otros 61.000 millones del plan de recuperación".

Sin embargo, la explicación sobre cómo se diferenciaría el modelo para Cataluña del aplicado en el País Vasco y Navarra resultó esquiva. Alegría rechazó cualquier comparación con un régimen de concierto fiscal, afirmando que "este Gobierno nunca ha hablado de concierto". En un tono defensivo, criticó a las comunidades gobernadas por el PP, acusándolas de mantener una "actitud irresponsable".

En simultáneo, desde la sede del PP, el portavoz del partido, Borja Sémper, instó al Gobierno a convocar urgentemente el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el tema de manera inclusiva. Según Sémper, "la financiación no se pacta en una mesa camilla entre dos y en Ginebra. Tiene que ser un pacto en el que todos ganen mucho y todos cedan un poco".

Este debate ha puesto de relieve las tensiones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas respecto a la equidad en la distribución de recursos financieros, intensificando las divisiones políticas y las expectativas de los diferentes territorios.