corrupcion

La Guardia Civil desvela vínculos de corrupción en el chalé de Ábalos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos. Europa Press.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que los propietarios del chalé en la urbanización gaditana La Alcaidesa, donde residió el exministro José Luis Ábalos, tienen antecedentes de blanqueo de capitales y están vinculados a una compleja red de empresas salpicadas por corrupción.

 

Según un informe de la UCO al que ha desvelado el digital THE OBJECTIVE, los propietarios del chalé, representados por la empresa Have Got Time SL, están relacionados con diversas actividades ilícitas, incluyendo blanqueo de capitales, falsificación de documentos bancarios y receptación. "Los propietarios del chalé de Ábalos tienen antecedentes de blanqueo," señala el informe, subrayando que esta empresa pagó más de 292.000 euros a MTM 180 Capital, una empresa vinculada a la trama de corrupción conocida como Koldo.

Antecedentes Delictivos y Empresas Fantasma

El informe destaca que detrás de Have Got Time SL se encuentra Leonor María González Pano como socia y administradora única, aunque los verdaderos operadores son sus padres, conocidos por la Guardia Civil por sus "diversas detenciones y antecedentes delictivos". María del Carmen Pano Sánchez, madre de la administradora, ha sido detenida en varias ocasiones por blanqueo de capitales y falsificación de documentos.

Otras empresas relacionadas con la familia González Pano, como Promalter Market SL y Kichwa Investment SL, también realizaron pagos significativos a la empresa del comisionista de la trama Koldo. Esta red de empresas, domiciliadas en Madrid, Badajoz y Portugal, ha levantado sospechas de los investigadores por su posible implicación en operaciones fraudulentas y blanqueo de capitales.

Vínculos con Badajoz y Elvas

La investigación de la UCO también ha revelado conexiones entre los propietarios del chalé y las ciudades de Badajoz y Elvas. Según fuentes consultadas, Elvas, una ciudad lusa fronteriza, se ha convertido en un "centro de blanqueo de capitales y fraude fiscal". La sociedad Have Got Time SL, que posee el chalé valorado en 770.000 euros, está administrada por Leonor María González Pano, aunque los verdaderos dueños son sus padres, quienes manejan múltiples empresas en Madrid y Badajoz.

La madre de González Pano ha gestionado en la sombra diversas empresas desde 2022, mientras que su marido, Julián González Pano, ha asumido la mayoría de los cargos en estas sociedades. Entre ellas se encuentran Pinares Sierra de Gredos SL, Everglades Fotografía Artística SL, y Combustibles Virilia SL, todas creadas poco después del cese de Ábalos como ministro en 2021.

Corrupción en la Trama Koldo

La UCO ha encontrado que Víctor de Aldama, figura clave en el caso Koldo, desvió fondos a Elvas a través de sociedades como Atmósferaudaz Unipessoal LDA y otras empresas constituidas en 2022. La relación entre los propietarios de Have Got Time SL y las actividades fraudulentas en la trama Koldo refuerza la hipótesis de una red extensa de blanqueo y corrupción. 

El caso del chalé de Ábalos es un claro ejemplo de cómo la corrupción y el blanqueo de capitales continúan afectando a España. La vinculación de los propietarios del chalé con múltiples empresas implicadas en actividades ilegales subraya la necesidad de una vigilancia constante y de acciones judiciales firmes para desmantelar estas redes delictivas.

La implicación de exministros y altos cargos en casos de corrupción no solo daña la imagen pública sino que también erosiona la confianza en las instituciones. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser los pilares fundamentales de cualquier administración pública.

Mientras tanto, la investigación continúa, y se espera que las autoridades judiciales tomen las medidas necesarias para asegurar que todos los implicados en estos actos delictivos rindan cuentas ante la ley. La sociedad española merece un gobierno libre de corrupción, donde la justicia prevalezca y se protejan los intereses de los ciudadanos.