Indignación nacional: La Mesa del Congreso da luz verde a la "Ley Txapote"
Esta medida ha generado una gran polémica por sus implicaciones, ya que beneficiaría a condenados por delitos graves relacionados con el terrorismo de ETA.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha decidido no convocar un pleno extraordinario para levantar el supuesto veto del Senado, argumentando que no se ha presentado ningún veto formal o enmienda por parte del PP o Vox en los plazos reglamentarios. Por lo tanto, la tramitación de la ley se considera finalizada, y está lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que implicaría su inmediata entrada en vigor. Este movimiento ha generado tensión política, ya que abre la posibilidad de un conflicto entre las dos cámaras legislativas, en línea con las disputas que surgieron durante la tramitación de la ley de amnistía promovida por el Gobierno.
La maniobra en el Senado
El pasado lunes, el PP logró retrasar la entrada en vigor de la ley mediante una maniobra en el Senado. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, respaldado por un informe de los letrados del Senado, interpretó que la votación mayoritaria en contra del texto en el pleno equivalía a un veto. Según Rollán, aunque no se hubieran presentado enmiendas ni vetos en la comisión, el rechazo mayoritario en el pleno constituía un veto, lo que obligaba a devolver el texto legislativo al Congreso para su reconsideración. Esta decisión sorprendió y enfureció al PSOE, que considera que el procedimiento está siendo manipulado por los populares.
Respuesta del Congreso y conflicto de atribuciones
En respuesta a la actuación del Senado, la Mesa del Congreso, controlada por el PSOE, ha presentado un escrito dirigido a Pedro Rollán criticando el informe de la letrada mayor del Senado, Sara Sieira, quien había sido responsable del dictamen que permitió a los populares argumentar la existencia de un veto. Los socialistas han acusado a Sieira de falta de imparcialidad y de no cumplir con su obligación de asesorar objetivamente a la totalidad de la Cámara Alta, en lugar de favorecer a una de las partes.
Este desencuentro pone de manifiesto la creciente tensión entre las dos cámaras, y se perfila como un nuevo conflicto de atribuciones entre el Congreso y el Senado. El PSOE defiende que no existe un veto legítimo y que el procedimiento legislativo ha seguido los cauces adecuados, mientras que el PP argumenta que el rechazo del Senado debe ser respetado y que la ley debe ser devuelta al Congreso para reconsideración.
Implicaciones de la "ley Txapote"
La reforma de la Ley Orgánica 7/2014 tiene profundas implicaciones políticas y judiciales, ya que afectará a más de 40 miembros de ETA condenados en España, permitiéndoles descontar de sus penas el tiempo ya cumplido en prisiones francesas. Esto significa que etarras como "Txapote", responsable de algunos de los crímenes más sangrientos de la banda terrorista, podrían ver reducidas sus condenas en España. Para muchos sectores, especialmente entre las víctimas del terrorismo y los partidos de la derecha, esto representa una grave afrenta a la justicia y la memoria de las víctimas.
La ley ha sido objeto de una fuerte oposición por parte del PP y Vox, quienes consideran que esta reforma es una concesión inadmisible a los terroristas. Por otro lado, el Gobierno y el PSOE han defendido la ley como una adaptación necesaria a las normativas europeas y a los tratados de cooperación judicial con Francia, argumentando que no se trata de indultos, sino de aplicar los principios de justicia europea.