¡Indignante! Sánchez avala los ataques de su equipo a los jueces en plena crisis judicial
Uno de los casos más destacados es el del juez Juan Carlos Peinado, quien está al frente de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que involucran a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Esta situación ha generado una notable fricción entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Durante la inauguración del Año Judicial, la nueva presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, fue contundente al recordar la importancia de la independencia judicial y subrayó que "ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces". A pesar de la declaración firme de Perelló, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, respondió con una aparente aceptación del discurso, aunque las acciones del Gobierno han demostrado lo contrario.
El Tribunal Supremo ha sido otro de los puntos críticos en esta pugna. Recientemente, el alto tribunal rechazó aplicar la ley de amnistía a los cabecillas del procés, entre ellos Oriol Junqueras, una decisión que el Gobierno de Sánchez no compartió. Óscar López, ministro de Transformación Digital y exjefe de Gabinete de Sánchez, expresó su desacuerdo públicamente, confiando en que el Tribunal Constitucional (TC), presidido por Cándido Conde-Pumpido, terminará por desautorizar al Supremo.
Sin embargo, el caso más delicado ha sido la investigación sobre Begoña Gómez, que ha generado una ofensiva sin precedentes desde el Ejecutivo. Desde que el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias y decidió imputar a Gómez, el Gobierno ha criticado abiertamente cada uno de los pasos dados por el magistrado. Las críticas hacia Peinado se han extendido desde la Moncloa, el Parlamento, y en declaraciones públicas, donde los ministros del Gobierno han cuestionado continuamente su actuación.
Uno de los momentos más álgidos de esta tensión fue la filtración de la no declaración que Sánchez realizó el 30 de julio en relación con el caso Begoña. El Gobierno en pleno culpó al juez Peinado de esta filtración, sugiriendo que el magistrado fue responsable de que la información se hiciera pública. Tanto Félix Bolaños como Óscar Puente señalaron al juez, en un intento por desacreditar su actuación.
Este conflicto entre el Ejecutivo y el poder judicial ha traído recuerdos de situaciones similares en el pasado. Hace seis años, el entonces ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, fue duramente criticado por insinuar problemas en la carrera judicial durante el caso de La Manada, lo que provocó que todas las asociaciones de jueces y fiscales pidieran su dimisión. Ahora, el actual Gobierno ha ido más allá, acusando directamente a los jueces en lugar de insinuar. Esta escalada en el tono de las críticas ha provocado una mayor polarización entre los poderes del Estado.
Además de los enfrentamientos judiciales, el PSOE ha reavivado la controversia al pactar con Junts y ERC la reactivación de comisiones de investigación sobre los atentados de Las Ramblas y Cambrils, y la llamada Operación Cataluña, dos asuntos que el independentismo pretende utilizar para demostrar que los jueces han incurrido en lawfare.
La situación actual refleja una preocupante falta de separación de poderes, y la pugna entre el Gobierno y el poder judicial no parece tener un final cercano. La independencia judicial, defendida por Perelló, se ha convertido en un campo de batalla político en el que el Ejecutivo parece estar dispuesto a seguir avanzando, a pesar de las advertencias y reproches desde el ámbito judicial.