Inquietud en la Fiscalía ante la posible imputación de García Ortiz en el Supremo
En la Fiscalía General del Estado se ha generado preocupación ante la posible imputación del fiscal general Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo. Aunque García Ortiz ha manifestado que está tranquilo y que prefiere no adelantar conclusiones respecto a la situación, diversas fuentes internas consideran que, de abrirse una investigación formal, sería necesario que se apartara de su cargo. "No puede seguir ni un día más por la imagen de la institución", afirman varias voces consultadas y según publica VozPópuli, en caso de que el fiscal general sea citado por el alto tribunal.
El Tribunal Supremo aún debe responder a la exposición razonada enviada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ), la cual solicita que se investigue a García Ortiz por una presunta revelación de secretos. Esta cuestión está siendo evaluada en la Sala Segunda del Supremo, lo que podría culminar en su citación como investigado. En el entorno de la Fiscalía, existe preocupación de que García Ortiz no renuncie, lo que afectaría a la percepción pública de la institución.
La postura de muchas de las fuentes es clara: creen que la permanencia del fiscal general podría perjudicar gravemente la imagen de la Fiscalía. "Es una cuestión de higiene democrática", señalan otras voces dentro de la institución. A esto se suma el hecho de que su número dos, María Ángeles Sánchez Conde, es la encargada de emitir un informe sobre la solicitud del TSJ de Madrid para investigarlo, lo que genera aún más presión sobre la Fiscalía.
Sin embargo, la última palabra sobre su continuidad corresponde exclusivamente a García Ortiz, según lo estipulado en el artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Este establece que el mandato del fiscal general es de cuatro años y que solo puede cesar por causas como incompatibilidad, incapacidad, incumplimiento grave de sus funciones, cese del Gobierno que lo nombró o por renuncia voluntaria.
En el contexto de la controversia, García Ortiz defendió en su momento la publicación de una conversación entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que investigaba al primero por presuntos delitos fiscales. Afirmó que esta decisión fue tomada con el objetivo de desmentir las informaciones que señalaban que la Fiscalía habría propuesto un pacto de conformidad al novio de Ayuso. No obstante, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) denunció los hechos, argumentando que se había violado la confidencialidad en las conversaciones entre abogado y fiscal.
El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde González Amador también interpuso una querella. En el proceso, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró haber recibido órdenes directas de García Ortiz para difundir la nota informativa que desencadenó el caso. A raíz de estos hechos, el TSJ envió la exposición razonada al Tribunal Supremo, sugiriendo que se podrían haber vulnerado obligaciones legales.
García Ortiz sostiene que no hubo una revelación de secretos, ya que la información que se divulgó había sido previamente publicada en medios de comunicación. Además, justificó la decisión como un intento de proteger la imagen de la institución. A pesar de esta defensa, el pronunciamiento del Supremo se encuentra en fase final, y podría derivar en una imputación formal del fiscal general, comprometiendo su futuro en el cargo.
García Ortiz asumió su actual posición en 2022, tras la salida de su predecesora Dolores Delgado, y fue ratificado tras la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En caso de ser imputado, la decisión de abandonar el cargo dependería exclusivamente de él, aunque muchas voces dentro de la Fiscalía consideran que su continuidad sería insostenible.