El próximo 26 de septiembre, Antonio Torres, quien fuera alcalde de Lebrija (Sevilla) por el PSOE desde 1979 hasta 2003, se sentará en el banquillo de los acusados de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. Se le acusa de malversación y prevaricación por haber cobrado casi medio millón de euros durante ocho años sin realizar ninguna labor en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), donde ocupaba el cargo de director de Relaciones Externas.

Según el escrito de la Fiscalía Especial Anticorrupción, Torres, tras perder las elecciones en 2003, fue contratado por la Faffe, en un puesto creado específicamente para él por Fernando Villén, quien dirigía la fundación. La Fiscalía sostiene que Torres nunca desempeñó las funciones que supuestamente se le habían asignado y que su puesto era completamente innecesario, ya que la Faffe se financiaba con subvenciones públicas destinadas a la formación.

Un puesto "ad hoc" y un salario a medida

El escrito de acusación describe cómo, tras perder las elecciones, Torres acudió a Villén para pedir trabajo. En respuesta, Villén creó un puesto "a medida" para Torres, denominado de manera "grandilocuente" como Dirección de Relaciones Externas. Torres impuso sus propias condiciones salariales, logrando percibir 491.203 euros desde la fecha de contratación hasta la disolución de la Faffe. Además, exigió ser contratado como trabajador fijo, lo que Villén aceptó sin objeciones.

La acusación detalla que el departamento que supuestamente dirigía Torres nunca existió. No había despacho, sede física, ni personal adscrito. De hecho, Torres nunca se integró en el comité directivo, no asistió a ninguna de sus sesiones, ni acudía a trabajar a la sede de la fundación. Era tan desconocido para los empleados y directivos de la Faffe que su presencia era casi fantasmal.

Una fachada laboral

La Fiscalía sostiene que Torres realizaba escasos trabajos y, cuando lo hacía, los llevaba a cabo desde su domicilio, utilizando sus propios medios, como un ordenador personal y una cuenta de correo gratuita, como Hotmail o Gmail. Estos "trabajos" consistían en contactar ocasionalmente con algún político o autoridad, lo cual dista mucho de las responsabilidades que se le atribuían oficialmente.

El fiscal también acusa a Fernando Villén, exdirector de la Faffe, quien ya fue condenado hace un año por haber utilizado fondos de la fundación para pagos en prostíbulos. En esta ocasión, la Fiscalía pide para Villén cuatro años de prisión y diez de inhabilitación especial por malversación y prevaricación en relación con el caso de Antonio Torres.

El Caso Faffe: un entramado de irregularidades

El Caso Faffe ha destapado un entramado de irregularidades y corrupción en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, que ha estado bajo la lupa por la gestión de fondos públicos destinados a la formación de desempleados en Andalucía. Desde prostíbulos hasta enchufes y despilfarro de fondos, la Faffe se ha convertido en un símbolo de la mala gestión y corrupción en la administración pública.

Antonio Torres, un histórico del PSOE en Lebrija, es uno de los últimos implicados en un escándalo que ha salpicado a varios dirigentes y ha puesto en cuestión la transparencia y legalidad en la gestión de los fondos públicos en Andalucía. Ahora, se enfrenta a un juicio que podría concluir con su condena y la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público en el futuro.