La Ley bloquea la petición de Sánchez de declarar por escrito
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro que no quiere encontrarse cara a cara con el juez que investiga las actividades de su esposa, Begoña Gómez, en la Universidad Complutense de Madrid. Así se desprende de la carta enviada este miércoles por Sánchez al juez instructor.
El titular del Juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, había tomado medidas para evitar la imagen de un presidente del Gobierno entrando por la puerta de un juzgado, ordenando que la declaración se tomara en el Palacio de la Moncloa. Sin embargo, Pedro Sánchez ha solicitado que su declaración sea por escrito.
La petición del presidente
En su misiva, Pedro Sánchez asevera: "Mi declaración se deberá prestar por escrito", y menciona el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo ofrece la posibilidad de que ciertos cargos declaren por escrito sobre hechos conocidos por razón de su cargo.
No obstante, el juez Peinado citó a Sánchez en calidad de "esposo de la investigada", no como presidente del Gobierno. Según el artículo 412.3 de la misma ley, si la declaración se refiere a cuestiones ajenas a su cargo, se debe tomar en el domicilio o despacho oficial del citado. Esto obliga al juez a acudir al despacho de Sánchez, pero no impone que la declaración sea escrita.
Un error en la interpretación de la ley
La interpretación de Sánchez sobre la ley parece errónea. El artículo 412.2 no impone la declaración por escrito; simplemente la ofrece como una posibilidad. Esta diferencia es crucial, ya que el juez lo ha citado para declarar sobre asuntos relacionados con su rol de esposo, no de presidente.
La investigación sobre Begoña Gómez, dentro de la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense, ha captado la atención pública debido a las implicaciones políticas y personales.
La respuesta judicial
Sánchez tendrá difícil convencer al juez de aceptar su declaración por escrito. La citación en calidad de esposo indica que los hechos a tratar no están relacionados con su cargo presidencial. Esto sugiere que la comparecencia debería realizarse en persona en su despacho en Moncloa.
El desarrollo de esta situación representa un choque entre las prerrogativas de un alto cargo del Estado y las obligaciones legales en un proceso judicial que afecta a su familia directa. La respuesta del juez y los siguientes pasos en esta investigación serán cruciales para entender las implicaciones de este caso.