¡Liberum vs. Sánchez Pérez-Castejón! La lucha por el caso continúa
La investigación sobre David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue captando atención en el ámbito judicial y político. La denuncia inicial que dio lugar a la investigación fue presentada por el sindicato Manos Limpias, y desde entonces, otros actores han intervenido en el caso, incluyendo partidos políticos y fundaciones, tras aportar una fianza de 10.000 euros. La reciente inclusión de la Asociación Liberum como acusación particular ha añadido un nuevo foco de polémica.
La defensa cuestiona la legitimidad de Liberum
Según El Mundo, el abogado de David Sánchez Pérez-Castejón, Emilio Cortés, ha presentado un recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz. La solicitud busca que la jueza Beatriz Biedma excluya a la asociación Liberum del caso, argumentando que la organización carece de legitimidad para actuar como acusación. Cortés sostiene que Liberum, fundada para “restaurar los derechos y las libertades que se nos han sido usurpados durante la pandemia del Covid-19”, no está alineada con los fines del proceso judicial en curso, que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y delitos contra la Hacienda Pública.
El recurso argumenta que, aunque la ley catalana permite la intervención de acusaciones populares en causas judiciales, estas deben estar respaldadas por una fianza y no deben contradecir los objetivos fundacionales de la organización. Además, Cortés enfatiza que el régimen de incompatibilidades de altos cargos no regula específicamente la participación de asociaciones en el ámbito judicial.
La reacción de los investigados y la postura de la jueza
El recurso de reforma cuenta también con el respaldo de los otros dos investigados en el caso: Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, y Alejandro Cardenal, funcionario responsable de Recursos Humanos. Ambos han solicitado a la jueza Biedma que excluya a Liberum de la causa, argumentando que la participación de la asociación podría comprometer la imparcialidad y la integridad del proceso judicial.
La jueza Beatriz Biedma ha reiterado en sus autos que la ley permite la acción popular en causas penales siempre que se cumplan los requisitos legales, incluida la prestación de una fianza. Sin embargo, también ha subrayado la importancia de mantener una dirección técnica y una representación procesal coherente, lo que significa que la dirección de la acusación en el procedimiento recaerá sobre el sindicato Manos Limpias.
Liberum responde con firmeza
La reacción de Liberum al recurso de la defensa ha sido contundente. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la asociación ha descalificado la solicitud de exclusión como un intento de evitar su participación en el caso. “Alguien tiene miedo a que Liberum esté personada en la causa del hermano”, afirmaron, y advirtieron que aquellos que intenten impedir su participación “se preparen para los sustos”.
Liberum ha enfatizado su determinación de continuar en el caso y ha descrito el recurso como una estrategia para dilatar el proceso y desviar la atención de la substancia de las acusaciones. Esta polémica añade una capa adicional de complejidad al ya tenso entorno en el que se desarrolla la investigación.
Impacto y perspectivas futuras
El caso de David Sánchez Pérez-Castejón sigue siendo un tema de intenso scrutinio público y político debido a su conexión con el presidente del Gobierno. La inclusión de Liberum como acusación particular añade una capa adicional de polémica y complejidad al proceso. La resolución del recurso de reforma será crucial para definir el rol de las acusaciones populares y para establecer el marco legal y ético en el que se desarrollará la investigación.
El desenlace de este conflicto legal podría tener repercusiones significativas en el ámbito de la justicia penal y en la percepción pública sobre la imparcialidad y la transparencia en el manejo de casos de alto perfil. Mientras tanto, el caso continuará siendo objeto de intenso interés y debate, y la interacción entre los actores judiciales y políticos seguirá moldeando el curso de la investigación y sus posibles consecuencias.