El nuevo Abogado general del Estado rechaza el acuerdo del novio de Ayuso y retrasa la causa

La causa penal contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito tributario sigue sin resolverse. A pesar de los intentos de conformidad pactada que el Ministerio Público y los abogados del empresario habían impulsado, la Abogacía del Estado ha dilatado el proceso, complicando aún más el cierre del procedimiento.

Conflicto entre las partes

En junio, se propuso una conformidad para cerrar el caso, que ya había sido acordada en parte entre la Fiscalía y la defensa de González Amador. Sin embargo, la Abogacía del Estado, representando a la Agencia Tributaria (AEAT), se ha opuesto a esta solución. La situación se complicó aún más cuando el PSOE presentó una solicitud para ampliar la causa, lo que llevó a la suspensión de las declaraciones previstas para el 24 de junio.

Dilación y controversia

La Abogacía del Estado, bajo el nuevo liderazgo de David Vilas Álvarez, ha emitido una respuesta tardía a las solicitudes del PSOE, con un extenso escrito de seis folios que ha retrasado el proceso. Esta demora ha impedido que la conformidad con González Amador se materialice en julio, como estaba previsto. El nuevo abogado general de Estado ha indicado que, aunque no se consideran necesarias más diligencias, no es posible llegar a una conclusión definitiva sin antes resolver los posibles delitos adicionales mencionados por el PSOE.

Posibles nuevas acusaciones

La ampliación solicitada por el PSOE incluye la posibilidad de un delito de administración desleal, que implicaría que los ingresos de González Amador podrían no estar sujetos a tributación si provienen de actividades delictivas. Esta perspectiva plantea la posibilidad de que el caso se cierre por la ausencia de infracción, si se confirma que los ingresos investigados no debieron tributar.

Implicaciones para la gestión pública

Este enredo judicial ocurre en un momento crítico para la relación entre la justicia y la política. El retraso en la resolución del caso y la controversia sobre las decisiones de la Abogacía del Estado reflejan una tensión creciente entre los intereses políticos y la administración de justicia. La AEAT y la Abogacía del Estado se encuentran en una posición difícil, tratando de equilibrar la legalidad con la presión pública y política.