Ofensiva judicial autonómica contra la Ley de Amnistía liderada por el PP
Diversos gobiernos autonómicos, liderados principalmente por el Partido Popular (PP), han intensificado su acción judicial contra la Ley de Amnistía, mediante la presentación de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Estos recursos, presentados por comunidades como Madrid, Andalucía, Murcia, Cantabria y Aragón, tienen como fundamento la presunta vulneración del principio de igualdad, en consonancia con lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Española. A dos días de que finalice el plazo para presentar estos recursos, se espera que más regiones formalicen sus impugnaciones.
La ley, aprobada hace tres meses en el Congreso de los Diputados, ha generado una movilización política y judicial, no solo en las 11 comunidades gobernadas por el PP, sino también en Castilla-La Mancha, cuyo presidente, Emiliano García-Page, ha decidido sumarse a esta iniciativa. De este modo, Page refuerza su posición como un crítico dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) frente al liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Por el contrario, otras regiones gobernadas por el PSOE, como Asturias y Navarra, lideradas por Adrián Barbón y María Chivite, respectivamente, han descartado tomar este camino judicial. En el caso de Cataluña, bajo el mando del presidente Salvador Illa, la comunidad está alineada con el proyecto político trazado en conjunto por el Gobierno central, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y el movimiento independentista catalán.
El lunes, las primeras comunidades en presentar sus recursos fueron Madrid, Andalucía, Murcia, Cantabria y Aragón. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, destacó la importancia de esta acción legal en un evento del Nueva Economía Fórum. Ayuso afirmó que no podía permanecer "de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia". En su opinión, esta ley fue "escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña", calificándola como "arbitraria y obscenamente inconstitucional".
El recurso presentado por la Comunidad de Madrid también incluye la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional: su presidente, Cándido Conde-Pumpido, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, y la exfuncionaria de Moncloa Laura Díez, por su "pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE".
En Andalucía, su presidente Juanma Moreno también presentó un recurso, afirmando que "la ley está por encima de todo y nadie puede estar por encima de la ley". En su escrito, Andalucía argumenta la vulneración de cinco principios constitucionales: igualdad, separación de poderes, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y la prohibición de arbitrariedad por parte de los poderes públicos.
En Cantabria, el recurso se presentó a través del gobierno presidido por María José Sáenz de Buruaga y del Parlamento autonómico. Su presidenta, María José González Revuelta, subrayó la relevancia histórica de la acción, señalando que es el segundo recurso en la historia del Parlamento de Cantabria, siendo el primero en 1992 contra una ley de carácter local.
El viernes anterior, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, inició su ofensiva judicial contra la ley. Los recursos argumentan que se vulnera el derecho a la igualdad (artículo 14), la prohibición de arbitrariedad (artículo 9.3) y la exclusividad jurisdiccional (artículo 117). Además, Cuca Gamarra, secretaria general del PP, enfatizó que la ley afecta también al derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24), los artículos 17 y 25 relativos al carácter penal, y el artículo 62, que prohíbe los indultos generales. Según Gamarra, el recurso de inconstitucionalidad "cumple con la obligación del PP y el mandato de miles de españoles".