El PP amenaza con derribar la Ley de Amnistía con una sorprendente estrategia
El Partido Popular (PP) ha anunciado su intención de recusar a tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en relación con la ley de amnistía que el partido impugnará en los próximos días. La formación política busca apartar de la deliberación sobre este tema a los magistrados Cándido Conde-Pumpido, presidente del TC; Juan Carlos Campo, exministro de Justicia; y Laura Díez, exdirectora general en el Gobierno de Pedro Sánchez.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó que la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía incluirá la solicitud de recusación de estos tres magistrados, a quienes considera "contaminados" debido a sus anteriores responsabilidades políticas. En palabras de Feijóo, el fallo del Tribunal Constitucional contará con "garantías" si estos magistrados aceptan abstenerse, dado que existen "sospechas de parcialidad" en su actuación.
El PP está trabajando en el recurso desde el mes de agosto y lo presentará dentro del plazo de tres meses fijado por la ley, que comenzó a contar desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 10 de junio. Feijóo ha subrayado que no solo los diputados del PP firmarán este recurso, sino también las comunidades autónomas donde el partido gobierna. Justificó la recusación argumentando que estos magistrados "no deben formar parte del fallo al estar contaminados en decisiones y cargos anteriores", lo que a su juicio, los "inhabilita" para participar en el debate sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía.
Durante una entrevista en Onda Cero, Feijóo reiteró su convicción de que si los magistrados recusados "se abstienen en las votaciones, nos daría mucha garantía". Sin embargo, dejó claro que si estos magistrados no aceptan su autoexclusión, "tendremos muchas dificultades para entender que ese fallo está dictado por personas independientes".
En cuanto a la aceptación del fallo por parte del PP, Feijóo destacó que el partido es "un partido de Estado" que respeta las instituciones, entre ellas el Tribunal Constitucional, aunque no comparta la actual composición de dicho órgano. "Hay miembros del Tribunal Constitucional que están contaminados como consecuencia de que estaban en cargos políticos", señaló el líder del PP.
Además, Feijóo adelantó que, si su partido llega al Gobierno, impulsará reformas para evitar que cualquier miembro del TC haya tenido responsabilidades políticas en los últimos cinco años, en línea con lo acordado para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio Fiscal junto al PSOE.
Feijóo insistió en que, a diferencia del Gobierno de Pedro Sánchez, el PP no está "presionando" ni "querellándose contra los jueces". No obstante, subrayó que el TC tiene "sospechas de parcialidad". A pesar de ello, Feijóo enfatizó que el Estado de Derecho "consiste en aceptar las resoluciones judiciales", independientemente de si estas son favorables o no.
Finalmente, Feijóo expresó su deseo de que, por una vez, se acepte alguna recusación en España, señalando que existen precedentes en los que se ha aceptado la autoexclusión de miembros de órganos judiciales cuando estos se veían afectados de forma directa o indirecta por los asuntos que debían resolver.