El PP quiere llevar la Ley de Amnistía al Tribunal Constitucional
El Partido Popular está planeado una estrategia para determinar el momento más propicio para llevar ante el Tribunal Constitucional la polémica ley de amnistía, cuya aprobación está prevista para el próximo día 30 en el Congreso de los Diputados. Según fuentes dentro de la Cámara Alta, el partido está evaluando diversas opciones, entre ellas la posibilidad de esperar hasta el inicio de la campaña de las elecciones europeas el 24 de mayo, utilizando esta acción como un recurso electoral estratégico, según ha publicado The Objective.
El Partido Popular ha tomado medidas concretas para posicionar este tema en el ámbito político. En una reunión celebrada el martes en la Mesa del Senado, la formación solicitó la suspensión del acuerdo del Pleno del 10 de abril, relacionado con el planteamiento del conflicto de atribuciones. Argumentaron que la falta de cumplimiento por parte del Congreso de su obligación de someter al Pleno el requerimiento previo frustró el único requisito de procedibilidad contemplado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, optó por trasladar el pronunciamiento sobre el requerimiento a la Mesa en lugar de llevarlo al Pleno, una decisión que el Partido Popular considera crucial para poder recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional. Esta acción, según el PP, bloquea la posibilidad de que el Senado pueda plantearse llevar la proposición de ley ante el Tribunal Constitucional.
El Grupo Parlamentario Popular ha intentado una última maniobra antes de que expire el plazo de un mes para responder a la resolución de la Mesa del Congreso este jueves 16. Han solicitado al pleno del Senado que posponga este trámite hasta que sea el Pleno del Congreso quien decida sobre el requerimiento aprobado por el Senado, argumentando que es el único órgano competente para ello.
El Partido Popular recalca que su impulso en el Senado para requerir al Congreso la paralización de la Ley de Amnistía se basa en su convicción de que esta ley constituye una reforma de la Constitución y, por lo tanto, debería haberse tramitado como tal. Critican la decisión de la presidenta del Congreso de responder al requerimiento a través de la Mesa, donde el PSOE y sus aliados tienen mayoría, privando así a los diputados de su derecho a debatir sobre el asunto en el Pleno.