¿Un presidente cómplice? Las pruebas que cuestionan la defensa de Sánchez a Ábalos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en repetidas ocasiones que ha actuado con "contundencia" y "transparencia" ante el caso Koldo, que involucra a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y a su asesor Koldo García Izaguirre, detenido en febrero de 2023 por presuntos delitos relacionados con una trama de corrupción. Sin embargo, los hechos sugieren que la respuesta del Ejecutivo no ha sido ni rápida ni contundente, como se ha tratado de transmitir.
Sánchez estuvo cuatro años desoyendo informes periodísticos, cartas de abogados y una denuncia del Partido Popular (PP) que apuntaban directamente a Koldo y Ábalos. Ya en 2020, el abogado Ramiro Grau envió varias cartas a Moncloa alertando sobre las irregularidades relacionadas con Ábalos y su entorno, sin recibir respuesta. Asimismo, el PP presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022 contra Koldo García, lo que fue el primer paso para la investigación que más tarde derivó en su arresto.
A pesar de estos indicios, Sánchez continuó respaldando a Ábalos. El exministro fue incluido como número dos en las listas del PSOE por Valencia en las elecciones generales de julio de 2023, lo que Ábalos interpretó como un gesto de confianza por parte de Sánchez. En una entrevista un mes antes de los comicios, Ábalos destacaba esa confianza y afirmaba que su inclusión en la comisión de Justicia del Congreso tras su destitución como ministro despejaba cualquier duda sobre su lealtad al Gobierno.
El presidente también defendió la actuación de Ábalos en episodios controvertidos, como su encuentro con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, en enero de 2020, a pesar de que tenía prohibida la entrada en la Unión Europea. En ese momento, Sánchez argumentó que Ábalos había cumplido con su deber al evitar un incidente diplomático.
No fue hasta la detención de Koldo en febrero de 2023, cuatro años después de las primeras alertas, cuando Sánchez decidió finalmente tomar medidas contra el asesor de Ábalos, abriéndole un expediente de expulsión del partido cinco días después del arresto. Esta acción tardía, junto con la continua protección a Ábalos durante años, ha generado críticas y ha puesto en duda la narrativa de que el Gobierno ha actuado con rapidez y contundencia.
Además, se ha cuestionado el retraso en la presentación del informe fiscal del caso Koldo ante la Audiencia Nacional, que se habría paralizado hasta después de las elecciones de julio de 2023 para no interferir en los comicios. Esto pone en entredicho la afirmación de Sánchez de que su gobierno ha actuado con absoluta transparencia.