Presos etarras con delitos de sangre verán reducidas sus penas gracias a la reforma del Gobierno de Sánchez
El Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido en una reforma legal la modificación necesaria para reducir las penas de prisión a alrededor de 41 presos etarras que ya cumplieron parte de sus condenas en cárceles francesas. Entre ellos se encuentra Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, uno de los asesinos del concejal del PP Miguel Ángel Blanco. La modificación permitirá descontar los años cumplidos en Francia de sus sentencias en España, lo que reduciría su estancia en prisión de manera significativa. De hecho, Txapote podría salir de prisión en los próximos meses, a pesar de que su condena original se extiende hasta 2031.
Este movimiento ha sido parte de una modificación de la Ley Orgánica 7/2014, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 18 de septiembre sin votos en contra, y que ahora espera su refrendo en el Senado. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) estima que la aplicación de esta reforma podría reducir hasta 400 años de prisión a 41 terroristas, algunos de ellos con delitos de sangre.
Una demanda de largo recorrido
El beneficio para los presos etarras de computar los años cumplidos en Francia ha sido una demanda de Bildu desde hace años. En 2015, tanto los abogados de los presos etarras como la izquierda abertzale comenzaron a presionar para que España modificara esta normativa. En 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló que España no estaba obligada a descontar los años cumplidos en Francia a los etarras, decisión que ahora, con esta reforma, el Gobierno español podría modificar.
La AVT ha criticado duramente este cambio, calificándolo como una nueva "humillación" para las víctimas del terrorismo y acusando al Gobierno de realizar un "fraude de ley" al desoír lo dictado por el TEDH.
Un proceso legislativo bajo el radar
La tramitación de esta reforma ha sido discreta y pasó prácticamente desapercibida. El Gobierno aprovechó la aprobación de una ley orgánica relacionada con el intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea para introducir esta modificación. Durante su paso por la Comisión de Justicia, se realizó una enmienda al artículo 14.1 de dicha ley, lo que permite que los años cumplidos en cárceles francesas sean descontados de las penas en España.
El Gobierno ya había asegurado en varias ocasiones a las asociaciones de víctimas que no tomaría medidas para beneficiar a los presos etarras. El propio Pedro Sánchez declaró en septiembre de 2022 que "los etarras cumplirán íntegras sus condenas". Sin embargo, esta reforma contradice esas promesas.
Consecuencias inmediatas
Si esta ley es aprobada en el Senado, hasta siete etarras, todos ellos con delitos de sangre, podrían salir de prisión en los próximos meses, mientras que otros treinta verían reducidas sus penas significativamente. La AVT ha alertado sobre una posible "sangría de excarcelaciones" de terroristas y ha instado al Senado a rectificar el error antes de que sea demasiado tarde. No obstante, incluso si se corrige, la hoja de ruta trazada por Bildu para vaciar las cárceles podría seguir su curso en el futuro.
Esta modificación legal también es un paso más en el plan de la izquierda abertzale para lograr la excarcelación total de los presos etarras, sobre todo de aquellos con mayores penas. A los demás, el Gobierno vasco ya los está liberando mediante la concesión de terceros grados, una competencia penitenciaria que fue transferida desde el Gobierno central como parte de los acuerdos con Bildu.
Una hoja de ruta preocupante
La AVT considera que este cambio es solo una pieza más de la hoja de ruta que el Gobierno de Sánchez y Bildu han pactado, y que incluye medidas como la transferencia de las competencias penitenciarias al País Vasco. La preocupación de las víctimas y de amplios sectores de la sociedad es que, con el tiempo, se logre vaciar las cárceles de etarras sin que cumplan las condenas impuestas por los múltiples asesinatos cometidos por la ETA.
La AVT denuncia que estamos ante un proceso en el que las víctimas son nuevamente las grandes olvidadas, y advierte de que este es solo el principio de una política que busca favorecer a los etarras a cambio de apoyos parlamentarios.