Esta situación coincide con su investigación por una serie de delitos graves, incluidos malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y la Seguridad Social.

Un funcionario público como "escolta" personal

En las últimas semanas, el diario El Debate ha observado cómo Luis María Carrero Pérez, un funcionario adscrito a la Diputación de Badajoz, ha sido visto realizando funciones de vigilancia y protección alrededor de David Sánchez, acompañándolo en sus desplazamientos y realizando batidas de seguridad en las inmediaciones de su vivienda y lugar de trabajo.

Carrero, que anteriormente trabajó en la Unidad de Mensaje del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, ahora tiene asignado un puesto en la Diputación de Badajoz como Jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, un cargo de confianza para el cual no tuvo que superar una oposición y por el que percibe un salario anual de 55.267 euros. Sin embargo, sus tareas formales, que incluyen la coordinación de proyectos culturales transfronterizos, no contemplan la labor de protección o vigilancia que, al parecer, está llevando a cabo en relación con el hermano del presidente.

Vigilancia discreta pero constante

Según ha informado El Debate, Carrero ha sido visto acompañando a Sánchez de manera discreta, manteniendo una distancia de aproximadamente dos metros en sus movimientos y realizando batidas de seguridad tanto en las inmediaciones del despacho de David Sánchez, ubicado en la Plaza de España de Badajoz, como en la vivienda en la que se aloja temporalmente. El músico, que ha declarado a la juez Beatriz Biedma que su residencia fiscal está en Portugal, ha reducido su exposición pública desde que se reveló que estaba viviendo en España, en una propiedad que le presta Rafael Lemus, senador y líder del PSOE en Badajoz.

Esta figura de protección personal, no reconocida oficialmente, ha desatado sospechas sobre el uso indebido de recursos públicos. Mientras David Sánchez realiza sus actividades, Carrero recorre las calles adyacentes y se asegura de que no haya amenazas visibles. "No es parte de sus responsabilidades oficiales", señalan fuentes cercanas al caso, lo que ha generado un intenso debate sobre la legitimidad de su labor y el posible abuso de recursos estatales.

Una imputación que complica su situación

El trasfondo de esta situación se enmarca en la investigación judicial que enfrenta David Sánchez por su implicación en un caso de malversación y otros delitos económicos. En este contexto, la figura del funcionario encargado de su protección ha generado más preguntas que respuestas. Sánchez, músico de profesión, fue imputado hace tres meses en el marco de una investigación por su presunta participación en irregularidades relacionadas con contratos públicos.

La investigación ha sido especialmente meticulosa y ha contado con el respaldo de la Audiencia Provincial de Badajoz, que ha ratificado la actuación de la juez Biedma, calificando su instrucción como "cuidadosa y exquisita". En un reciente auto, el tribunal rechazó el recurso presentado por Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y miembro del PSOE, que pretendía bloquear la autorización para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautara correos electrónicos relacionados con las actividades de Sánchez. Este material, según la UCO, ha sido fundamental para detectar indicios de borrado de correos comprometedores por parte de varios funcionarios días antes de la intervención policial.

¿Uso indebido de recursos públicos?

El hecho de que un funcionario público esté destinado a labores de protección no oficialmente reconocidas ha levantado sospechas sobre un posible abuso de recursos del Estado para proteger a personas cercanas al círculo del presidente del Gobierno. Carrero, que comenzó a trabajar en la Diputación de Badajoz hace unos meses en un puesto creado ad hoc, ha sido criticado por su implicación en estas funciones extralaborales.

A pesar de que su contrato detalla funciones relacionadas con la coordinación de proyectos culturales transfronterizos, en ningún momento se menciona la vigilancia o protección de personas, menos aún la de David Sánchez. La proximidad de Carrero con el hermano del presidente, y su anterior vinculación con el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, ha avivado las sospechas de que su presencia en Badajoz podría estar más relacionada con su cercanía a Sánchez que con sus obligaciones oficiales.

La postura del Gobierno y las implicaciones políticas

Hasta el momento, el Gobierno central no ha emitido ninguna declaración oficial sobre este asunto, pero la presión mediática y política está en aumento. La oposición ha solicitado explicaciones inmediatas sobre el uso de recursos públicos para funciones que podrían ser de carácter privado, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de encubrir comportamientos irregulares en su entorno cercano.

Las imputaciones contra David Sánchez y el papel de Carrero han generado críticas que van más allá de la esfera judicial. Muchos cuestionan si el uso de funcionarios para proteger a familiares del presidente es éticamente correcto y si podría constituir un delito de prevaricación o malversación por el desvío de recursos públicos hacia fines personales.

Una investigación en marcha

La instrucción del caso contra David Sánchez sigue su curso, con la juez Biedma al frente, y se espera que en los próximos meses se arrojen más detalles sobre las actividades del hermano del presidente y su implicación en los delitos que se le imputan. "El proceso judicial está avanzando de manera cuidadosa y con gran detalle", afirman fuentes judiciales, lo que augura un proceso largo y complejo.

Mientras tanto, el futuro de Carrero en la Diputación también podría verse comprometido si se confirma que ha realizado funciones fuera de su ámbito laboral y que estas han sido financiadas con dinero público.