¿Qué esconde David Sánchez? La batalla legal para que no se filtren correos que podrían revelar secretos

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado formalmente a la jueza encargada de su investigación que adopte medidas para evitar la filtración de los correos electrónicos incautados en el marco de la investigación llevada a cabo en la Diputación de Badajoz. Según Sánchez, estos correos contienen información que afecta a ocho ciudadanos que no están siendo investigados, lo que, en su opinión, podría vulnerar sus derechos.

En un documento al que ha tenido acceso The Objective, Sánchez subraya que la jueza Beatriz Biedma autorizó en julio la incautación y volcado de las cuentas de correo corporativas de la Diputación de Badajoz. Sánchez ha señalado que estas resoluciones, aunque han sido recurridas, no tienen efecto suspensivo, lo que significa que las partes involucradas en el proceso pueden acceder al contenido de estos correos.

«Esto significa que todas las partes procesales personadas en esta causa pueden tener acceso al contenido de dichos correos (…) afectando a ciudadanos que no ostentan la condición de investigados», manifestó Sánchez en el documento, insistiendo en la necesidad de que la autoridad judicial recuerde a las partes la obligación de no divulgar la información contenida en los correos, publica The Objective. Sánchez también expresó su preocupación por la cantidad de mensajes generados por los funcionarios durante los años que abarca la investigación.

El músico, conocido artísticamente como David Azagra, ingresó en la Diputación de Badajoz en 2017, coincidiendo con el segundo nombramiento de su hermano como secretario general del PSOE. Las acusaciones sostienen que Sánchez podría haber recibido un trato de favor para obtener el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música, por lo cual percibe un salario anual de 53.890 euros. El año pasado, fue promocionado como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

En este contexto, Manos Limpias, que representa la acusación popular, presentó una querella en mayo pasado, argumentando, entre otras cosas, que Sánchez no cumplía con sus obligaciones laborales y que había experimentado un incremento patrimonial significativo, que sería difícil de justificar con su salario. Según la investigación, parte de este aumento patrimonial provendría de donaciones de su padre, como la donación de 240.000 euros que utilizó para adquirir una vivienda en Elvas, Portugal.

La investigación en curso busca esclarecer si hubo irregularidades en la contratación de Sánchez, incluyendo actos preparatorios que podrían haber influido en la decisión de otorgarle el puesto. La Guardia Civil fue encargada de realizar un volcado de los correos corporativos de nueve empleados de la Diputación, incluyendo los del hermano del presidente, con el objetivo de analizar las comunicaciones entre los implicados.

No obstante, a pesar de estas medidas, la jueza Biedma rechazó la solicitud de Sánchez para excluir de la causa a dos acusaciones populares, manteniendo a Abogados Cristianos y dejando pendiente la decisión sobre Liberum. Por su parte, Hazte Oír anunció que solicitará un rastreo de los movimientos bancarios de Sánchez en el extranjero, mientras continúan las investigaciones sobre presunta prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Los correos electrónicos requisados, enviados entre enero de 2016 y diciembre de 2022, incluyen comunicaciones del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Miranda, y del diputado delegado de Recursos Humanos y Régimen Interior, Antonio Garrote, quienes también están bajo escrutinio. Garrote, actualmente parlamentario de la Asamblea de Extremadura, solicitó sin éxito que se retirara el procedimiento en su contra debido a su condición de aforado.

Además, la Guardia Civil ha indicado que el objetivo de incautar estos correos electrónicos es realizar un análisis exhaustivo de las comunicaciones de los implicados para profundizar en la investigación. A mediados de julio, los agentes tuvieron que regresar a la Diputación debido a un error informático en el volcado inicial de los correos electrónicos de Sánchez, lo que ha prolongado las diligencias.