Poder Judicial

Reynders afea al Gobierno el "paripé" en la negociación del CGPJ

(I-D) El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños; el comisario europeo de Justicia Didier Reynders y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, durante una reunión. Archivo
Didier Reynders critica al Gobierno español por el estancamiento en la renovación del CGPJ, mientras Pedro Sánchez planea reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para superar el bloqueo político.

Didier Reynders, hasta ahora comisario de Justicia de la Unión Europea, manifestó recientemente al Gobierno español, a través de Félix Bolaños, titular de Presidencia y de Justicia, su descontento por la situación que ha vivido en los últimos meses intentando mediar entre el Ejecutivo y el Partido Popular (PP). Reynders describió su papel como un "papelón" y un "paripé", haciendo referencia a los esfuerzos infructuosos para alcanzar un acuerdo que permita la renovación del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España.

La negociación ha sido infructuosa principalmente debido a la negativa de La Moncloa a reformar el sistema de elección de los veinte vocales que conforman el órgano de gobierno de los jueces. La propuesta de la Unión Europea, alineada con la del PP, plantea que doce de los veinte vocales sean elegidos por los jueces y de entre los jueces, en lugar de ser designados directamente por las Cortes Generales. Este modelo de elección, según Reynders y muchos países europeos, se asemeja al que España tenía entre 1981 y 1985, antes de ser modificado por el Gobierno de Felipe González para adoptar el actual sistema, considerado más politizado. La falta de renovación ha llevado a una parálisis en la que no se pueden hacer nombramientos clave en el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores.

Fuentes cercanas a la negociación y al malestar de Reynders han informado que recientemente Félix Bolaños ha intentado contactar con varios candidatos para presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ, con el objetivo de encontrar figuras aceptables para el PP de Alberto Núñez Feijóo. La estrategia consiste en presentar candidatos que obliguen al PP a aceptar la renovación del CGPJ sin excusas. Sin embargo, algunos de estos candidatos son reacios debido al deterioro institucional y de reputación sufrido por la Justicia, que llevará años en revertirse. Además, el apoyo del Gobierno al 'lawfare' pretendido por sus socios independentistas no ayuda, ya que el PP ve esta maniobra como una "trampa" para colocar a un juez, aunque no progresista, en una posición sin margen de maniobra en un CGPJ mayoritariamente dominado por la izquierda.

Reynders deja así su puesto en la Comisión de Justicia con una intermediación fallida, debido a la insistencia de los bloques PSOE y PP en no aceptar reglas comunes. La solución planteada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial tras las elecciones europeas del 9 de junio, proponiendo un cambio en las mayorías necesarias para la elección. Según este plan, ya no serían necesarias tres quintas partes del Congreso y del Senado, sino solo la mayoría absoluta del Congreso (176 diputados) para aprobar las designaciones, lo que permitiría al PSOE y sus socios imponer su voluntad.

El Gobierno cuenta con el aval previsible del Tribunal Constitucional, cuya mayoría afín al PSOE ha indicado que, en caso de un bloqueo legislativo prolongado, sería legítimo alterar las mayorías previstas por la ley para permitir la renovación de órganos constitucionales en pro del "interés común".

El presidente Pedro Sánchez busca una mayoría que le permita renovar el CGPJ a su medida, lo que podría resultar en un cambio ideológico significativo en el Tribunal Supremo en los próximos cinco años. Ya en 2021, la Comisión Europea se opuso a una reforma similar propuesta por Sánchez, quien desistió entonces debido a las advertencias de Bruselas. Ahora, con la Comisión Europea enfrentando una renovación tras las elecciones europeas, el PSOE considera que es un momento oportuno para modificar las reglas del juego en la justicia española.