La Guardia Civil examina posibles irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas vinculadas a Acciona, en el marco del Plan de Recuperación de la Unión Europea. Según desvela The Objective, la investigación podría tener implicaciones profundas para el Gobierno.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Zamora ha dado un nuevo impulso a una investigación que podría destapar una de las tramas de corrupción más significativas relacionadas con los fondos europeos Next Generation. Según una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comenzado a investigar a los Ministerios de Transición Ecológica y Hacienda, tras las denuncias de un grupo de empresarios que acusan a ambas instituciones de participar en una trama corrupta vinculada a la concesión de subvenciones de la Unión Europea.

"La opacidad en la gestión de los fondos europeos se enfrenta ahora al escrutinio de las fuerzas del orden, con la UCO al frente de una investigación que podría tener implicaciones profundas en el Gobierno español," según desvela The Objective.

La denuncia y los implicados

El origen de esta investigación se remonta a una denuncia presentada el 21 de abril de 2023 por un grupo de empresarios que alegan que sus proyectos industriales, protegidos por patentes, podrían haber sido copiados y utilizados por empresas como Acciona para solicitar subvenciones de forma fraudulenta. Entre las empresas investigadas se encuentran varias filiales del grupo Acciona, como Acciona Energía S.A., Acciona Industrial S.A., Acciona Construcción S.A., Acciona Concesiones S.L., y Incus Capital Advisors S.A., que han estado involucradas en proyectos como La Robla Green.

"Los empresarios denuncian que sus proyectos podrían haber sido utilizados de manera fraudulenta para obtener subvenciones millonarias, desatando una investigación que ahora apunta a las más altas esferas del Gobierno," según reveló The Objective.

La investigación de la UCO también incluye la solicitud de documentación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y a otros organismos relacionados, como la Subdirección del Plan de Recuperación en España y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Los empresarios han solicitado la intervención de estos organismos para obtener documentos que, según ellos, les han sido negados.

Fondos en la mira

Uno de los focos principales de la investigación es la posible adjudicación fraudulenta de subvenciones que podrían sumar hasta 500 millones de euros. Estos fondos habrían sido solicitados por Acciona y otras empresas bajo la premisa de proyectos industriales relacionados con la biorrefinería-bioetanol sostenible, un modelo industrial que, según los denunciantes, les pertenece y que fue patentado previamente.

"La magnitud de las subvenciones en juego convierte a esta investigación en una cuestión de gran relevancia, no solo a nivel nacional sino también en el contexto europeo," advierte The Objective.

La respuesta judicial y las próximas fases

El juez encargado del caso, tras recibir la ampliación de la denuncia en abril de 2023, solicitó la intervención de la UCO para investigar las transferencias realizadas desde los Ministerios de Transición Ecológica y Hacienda a las empresas implicadas durante los años 2021, 2022 y 2023. La respuesta judicial se produjo en marzo de 2023, cuando la jueza aceptó la práctica de las pruebas solicitadas en relación con la investigación de la UCO.

"La jueza ha dado luz verde a una investigación que podría destapar una red de adjudicaciones ilícitas y fraudes financieros con los fondos europeos Next Generation," según lo publicado por The Objective.

Los empresarios, encabezados por su portavoz Vicente Merino, han estado impulsando esta investigación desde hace más de un año, presentando denuncias no solo ante la Fiscalía Europea, sino también ante la Fiscalía Anticorrupción en España y los tribunales locales de Zamora. El caso ha tomado un nuevo impulso tras la publicación de un artículo en THE OBJECTIVE el 23 de marzo de 2023, que desvelaba que la Unión Europea estaba vigilando seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción relacionadas con los fondos europeos.

"La perseverancia de los empresarios ha sido clave para que esta trama sea investigada, con implicaciones que podrían llegar hasta los más altos niveles del Gobierno," como informa The Objective.

Ribera y Montero bajo escrutinio

La investigación de la UCO se centra ahora en los ministerios dirigidos por Teresa Ribera, titular de Transición Ecológica, y María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Aunque la investigación aún está en sus primeras fases, los empresarios y sus abogados confían en que se descubrirán pruebas suficientes para llevar el caso a juicio.

"La implicación de altos cargos ministeriales en esta investigación marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en España," según lo detallado por The Objective.

Este caso pone en evidencia la complejidad y los riesgos asociados con la gestión de los fondos europeos Next Generation, destinados a la recuperación económica tras la pandemia. A medida que la investigación avanza, queda por ver si se desvelará una trama corrupta que podría tener consecuencias devastadoras para el Gobierno y las empresas involucradas.

"En tiempos de crisis, la corrupción es el mayor enemigo del progreso. La investigación de la UCO podría ser un paso decisivo hacia la rendición de cuentas en la gestión de los fondos europeos," concluye The Objective.