El pasado mes de febrero, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de la Audiencia Nacional solicitó al Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) una serie de documentos sobre el Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros lanzado por el Ministerio de Sanidad a finales de 2020, cuando Salvador Illa estaba al frente de la cartera. Este convenio se había presentado como una solución para acabar con las adjudicaciones a dedo en la compra de material sanitario, una necesidad apremiante tras las numerosas irregularidades detectadas en plena pandemia de COVID-19.

Sin embargo, el 11 de abril, la situación tomó un giro inesperado cuando Ingesa remitió un DVD vacío al juzgado en lugar de los documentos solicitados, lo que ha provocado una mayor dilación en el proceso judicial. Este incidente ha puesto en jaque la transparencia del proceso y reavivado las dudas sobre la gestión de Illa en uno de los periodos más delicados para el sistema sanitario español.

Una promesa de transparencia que no cumplió su objetivo

El Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros fue anunciado por el Ministerio de Sanidad con la promesa de acabar con las opacas adjudicaciones directas que, hasta ese momento, habían caracterizado la compra de material sanitario durante la pandemia. La idea era crear un sistema más transparente y regulado, que permitiría a los proveedores competir por los contratos a través de un proceso de licitación pública. Sin embargo, este acuerdo se ha convertido en una fuente de polémica constante, no solo por las irregularidades en su implementación, sino también por las dudas sobre su necesidad real.

Según ha podido saber The Objective, el juzgado solicitó a Ingesa que proporcionara certificaciones de los contratos de los productos incluidos en los lotes 1 y 7 del Acuerdo Marco, que cubrían, entre otros, el suministro de mascarillas y otros equipos de protección personal. El objetivo de esta investigación es arrojar luz sobre quiénes fueron los beneficiarios de estos contratos y por qué, a pesar de la existencia de este megacontrato, el Gobierno continuó adjudicando contratos de forma directa.

El DVD vacío: Un error inexplicable o una maniobra para ganar tiempo

El 9 de septiembre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 emitió un oficio en el que notificaba que el DVD remitido por Ingesa «no tiene ningún contenido». Este hecho ha generado una gran controversia, ya que el disco debía contener las certificaciones clave para aclarar el desarrollo del Acuerdo Marco. El juez ha vuelto a requerir a Ingesa para que entregue toda la documentación solicitada, aunque ahora sin plazo concreto, lo que dilata aún más el proceso.

Este error inexplicable ha levantado sospechas entre los demandantes, quienes se preguntan si podría tratarse de una maniobra para retrasar aún más el caso, mientras crecen las preguntas sobre la falta de transparencia en la gestión del contrato. En todo caso, este hecho refleja las dificultades que está teniendo la Administración para responder a las demandas judiciales en un tema tan sensible y de alto impacto económico.

Una Reserva Estratégica desbordada: ¿Era necesario el Acuerdo Marco?

Uno de los aspectos más controvertidos del Acuerdo Marco es su aparente innecesariedad en el momento en que fue puesto en marcha. Según los documentos a los que ha tenido acceso The Objective, la Reserva Estratégica Nacional del Ministerio de Sanidad estaba ampliamente dotada cuando se aprobó el convenio de 2.500 millones de euros. Para entonces, España contaba con cerca de 600 millones de mascarillas, además de millones de otros productos esenciales como batas, guantes y test de diagnóstico.

El volumen de material almacenado en esa reserva ha planteado dudas sobre por qué se decidió aprobar un contrato de tal magnitud en noviembre de 2020, justo cuando el stock de material sanitario estaba en su punto más alto. El propio Ministerio de Sanidad reconoció que la reserva contaba con más de 513 millones de mascarillas quirúrgicas y 65 millones de mascarillas FFP2, además de una amplia cantidad de otros equipos de protección. A pesar de ello, el Acuerdo Marco siguió adelante, lo que ha llevado a pensar que pudo haber intereses políticos o económicos detrás de su implementación.

Empresas perjudicadas: Mascarillas sin utilizar y pérdidas millonarias

La situación es aún más preocupante para las empresas seleccionadas dentro del Acuerdo Marco, muchas de las cuales siguen sin haber distribuido ni utilizado el material que tenían preparado para su venta al Gobierno. A pesar de cumplir con todos los requisitos de la licitación, estas empresas se encontraron con que el material almacenado en la Reserva Estratégica cubría la demanda, lo que dejó sus contratos en un limbo.

Como consecuencia, muchas de estas compañías han sufrido pérdidas millonarias, al haber realizado importantes inversiones en instalaciones, logística y compra de productos que nunca llegaron a venderse. El proceso judicial abierto busca aclarar si el Ministerio de Sanidad fue consciente de estas circunstancias y por qué se continuaron adjudicando contratos de emergencia, en lugar de utilizar el sistema creado por el Acuerdo Marco.

Un megacontrato que sigue generando dudas

El caso del DVD vacío y la investigación en curso sobre el Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de irregularidades que han marcado la gestión del material sanitario durante la pandemia. Desde la llegada de Salvador Illa al Ministerio de Sanidad, se han registrado múltiples episodios de adjudicaciones cuestionables y falta de transparencia, lo que ha provocado la apertura de varias investigaciones judiciales.

El juez que lleva el caso ha admitido parcialmente la demanda interpuesta por una de las empresas afectadas y exige ahora al Ingesa que aclare cuánto dinero se acabó entregando a los adjudicatarios de los lotes incluidos en el contrato, así como quiénes fueron los beneficiarios finales de estas adjudicaciones. El objetivo es esclarecer por qué, a pesar de las medidas de transparencia anunciadas por el Gobierno, se siguieron adjudicando contratos de manera directa, una práctica que el Acuerdo Marco debía precisamente evitar.

Transparencia bajo la lupa

El incidente del DVD vacío no solo retrasa el proceso judicial, sino que pone en el centro del debate la transparencia en la gestión pública de la pandemia. La falta de claridad en las adjudicaciones y la acumulación de stock en la Reserva Estratégica han dejado a muchas empresas en una situación de indefensión, mientras el Gobierno de Sánchez sigue lidiando con las secuelas de una crisis sanitaria que, a nivel económico, ha generado más preguntas que respuestas.

Con la investigación en marcha y un proceso que se dilata, queda por ver cómo se resolverá este nuevo capítulo en la gestión de uno de los contratos más importantes del periodo pandémico. La Audiencia Nacional deberá determinar si hubo irregularidades en la ejecución del Acuerdo Marco y si, como sugieren los demandantes, se privilegió la adjudicación directa en detrimento de la licitación pública.