Caso Begoña Gómez

El Supremo limita a la Fiscalía Europea y complica la defensa de Begoña Gómez

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. EP / Archivo
El Supremo limita la competencia de la Fiscalía Europea, afectando la defensa de Begoña Gómez. Las acusaciones buscan que el juzgado recupere los contratos claves. El juez intensifica la causa, citando al presidente del Gobierno.

El Tribunal Supremo ha emitido una resolución que podría cambiar significativamente la estrategia de defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Este fallo, que afecta la competencia de la Fiscalía Europea, ha abierto una nueva línea de acción para las acusaciones en el caso de los contratos adjudicados a Carlos Barrabés.

La decisión del Tribunal Supremo sobre la Fiscalía Europea implica que no puede investigar todos los contratos financiados con fondos comunitarios. Este criterio ha llevado a las acusaciones a considerar solicitar al juzgado que retome la competencia sobre los contratos inicialmente remitidos a la Fiscalía Europea. La causa en los juzgados de Plaza de Castilla contra Begoña Gómez podría experimentar un cambio significativo tras lo ocurrido en la Audiencia Nacional con la trama Koldo.

La Fiscalía Europea actualmente investiga dos contratos adjudicados a Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, por Red.es durante la pandemia. Estos contratos, recomendados por la esposa del presidente del Gobierno, constituyeron la base de la denuncia de Manos Limpias. Tras derivar el caso a la Fiscalía Europea, la defensa de Gómez, liderada por el abogado Antonio Camacho, ha argumentado que no tiene sentido mantener el caso bajo la dirección del juez Juan Carlos Peinado. Camacho ha recurrido varias diligencias, incluida la citación del presidente del Gobierno como testigo, argumentando que el caso ha perdido su sustancia tras la remisión de los contratos a la Fiscalía Europea.

El criterio de la Fiscalía también se alinea con esta postura, pero ahora podría verse afectado por la reciente resolución del Supremo sobre el caso Koldo. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha determinado que la Fiscalía Europea debe actuar solo ante indicios de delitos como malversación, fraude, corrupción y blanqueo de capitales cuando afectan a los intereses financieros de la Unión. En el caso Koldo, se argumentó que no se trataba de malversación de fondos, sino de una presunta trama criminal nacional. Este pronunciamiento podría llevar a las acusaciones en el caso de Gómez a solicitar al juez Peinado que recupere los contratos remitidos a la Fiscalía Europea.

Fuentes jurídicas consultadas explican que el juez tendría que reclamar estos expedientes, lo que se complicaría dado que él mismo decidió derivar los contratos a la Fiscalía Europea. El juez Peinado, además, no comparte completamente el criterio de la Fiscalía sobre el contenido de la causa y considera que la derivación de parte de las diligencias no significa el fin del procedimiento. Ha ordenado recopilar más expedientes de las empresas de Barrabés que no se habrían financiado con fondos comunitarios.

La Fiscalía Europea sigue adelante con la investigación sobre los expedientes originales. Según un pronunciamiento reciente, aún tiene pendiente diversas diligencias para aclarar "los elementos del proceso de contratación, así como la delimitación subjetiva" de los hechos. La investigación de la Fiscalía Europea se centra en posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación. Sin embargo, según el reciente fallo del Supremo, necesitarían demostrar un daño a los fondos de la UE para mantener la competencia.

En paralelo, el juez Peinado ha intensificado la investigación, citando a declarar a seis personas, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La citación ha generado gran atención, especialmente después de que Sánchez solicitara declarar por escrito, petición que fue denegada por el juez. Peinado ha decidido ir a Moncloa para escuchar la declaración de Sánchez en su despacho, conforme a lo establecido en la ley.

Además de Sánchez, el juez tomará declaración a dos imputados y tres testigos. Los imputados son Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache. Como testigos, declararán el presidente del Instituto de Empresa, Diego de Alcázar; Félix Jordán de Urríes Mur, y Luis Miguel Ciprés, directivo del Grupo Barrabés.