El Tribunal de Cuentas eleva la Ley de Amnistía a la justicia europea
El Tribunal de Cuentas ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, cuestionando su compatibilidad con varias normativas europeas, especialmente en lo que respecta a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (UE). La ley en cuestión se refiere a presuntos desvíos de fondos relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017 y otras acciones del 'procés', por las que están encausados el expresidente catalán Carles Puigdemont y otras 34 personas.
Suspensión del procedimiento y solicitud de interpretación europea
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la consejera de cuentas Elena Hernáez ha decidido suspender el procedimiento actual «hasta la resolución del incidente prejudicial». La consejera advierte que podría haber una "extinción de responsabilidades contables" que no correspondan con las finalidades previstas en la ley de amnistía, es decir, que no se hayan destinado a promover la independencia de Cataluña o a realizar las consultas correspondientes.
Hernáez ha señalado que la ley de amnistía podría ser incompatible con varias normas europeas. Según ella, la ley podría eliminar una vía de recurso establecida en el derecho nacional para proteger los intereses financieros de la UE, dejando estos desamparados mientras el procedimiento de reintegro sigue pendiente.
Presión sobre la función de enjuiciamiento
La consejera también ha planteado dudas sobre si la ley de amnistía compromete la función de enjuiciamiento en incidentes comunes de medidas cautelares, al considerar que la ley podría eliminar la función de enjuiciamiento de su oficina. La cuestión se centra en si varios artículos de la ley deben interpretarse de manera que no sean compatibles con el artículo 10 de la ley de amnistía, dado que establece un plazo perentorio de dos meses para dictar resolución, lo que podría ir en contra del derecho a un juicio con las debidas garantías.
Protección de los intereses financieros de la UE
El auto también aborda si los artículos del Tratado de la Unión Europea y el Reglamento 2988/95 sobre protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas deben interpretarse en relación con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La pregunta se centra en si dichos artículos son compatibles con el artículo 13.3 de la ley de amnistía, que no contempla previsiones para que las partes perjudicadas puedan oponerse a la absolución de la responsabilidad contable.
Claridad y precisión en la ley
El Tribunal de Cuentas también cuestiona si los principios de seguridad jurídica y confianza legítima son compatibles con la ley de amnistía debido a la falta de claridad y precisión en la definición de su ámbito de aplicación. La consejera teme que esta falta de precisión pueda llevar a una indebida extinción de responsabilidades contables, generando desigualdades con respecto a personas que hayan sido condenadas en otros procedimientos similares.
Impacto en los encargos y responsabilidades
Hasta la fecha, el Tribunal de Cuentas ha reclamado 3,1 millones de euros de forma conjunta a los 35 encausados, una cifra que ha sido rebajada desde una estimación inicial de 9,5 millones. Entre los encausados se encuentran, además de Puigdemont, Artur Mas, condenado anteriormente por el Tribunal de Cuentas a devolver más de 4,9 millones de euros por la consulta independentista de 2014. También figuran exconsejeros condenados, huidos, y delegados de la Generalitat en el extranjero.
La cuestión prejudicial al TJUE podría tener profundas implicaciones para la ley de amnistía y para la manera en que se manejan los fondos públicos en el contexto de la UE. La resolución del TJUE será crucial para determinar si la ley es compatible con los principios y normativas europeas que protegen los intereses financieros de la Unión.