El Tribunal Supremo podría investigar a Pedro Sánchez: Todos los detalles del caso
El Tribunal Supremo está valorando la admisión a trámite de una denuncia presentada contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación. La denuncia ha sido interpuesta por la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción (AECC), que acusa a Sánchez de haber utilizado recursos públicos a través de la Abogacía del Estado en su querella contra el juez Juan Carlos Peinado, responsable de la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente, por supuestos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
El ponente designado para el caso es el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, quien ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia y el contenido de la denuncia. Aunque el Tribunal Supremo admite a trámite solo un pequeño porcentaje de las querellas que recibe —el 97% son desestimadas, según fuentes judiciales—, este caso ha generado revuelo político por las implicaciones que podría tener para la Presidencia del Gobierno.
Denuncia de malversación y prevaricación
La denuncia, presentada por la AECC, no solo apunta a Pedro Sánchez, sino también al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y a la abogada del Estado, Zaida Isabel Fernández Toro, quienes podrían haber incurrido en prevaricación al respaldar la querella contra Peinado. La AECC sostiene que Sánchez se valió de la Abogacía del Estado para defender intereses personales, en lugar de los de la institución presidencial.
El 6 de agosto, la AECC amplió la denuncia al considerar que el presidente habría cometido malversación al utilizar recursos públicos para su defensa en un caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez. La denuncia fue presentada inicialmente en mayo, en la que también se acusaba a Sánchez y Gómez de tráfico de influencias y encubrimiento.
El caso Begoña y la investigación del juez Peinado
El caso Begoña comenzó cuando el juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, inició una investigación contra Begoña Gómez en abril de 2024, por presuntos delitos relacionados con corrupción en los negocios. La investigación se centra en los vínculos de Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés, su socio en un máster de Transformación Social Competitiva, y en las supuestas licitaciones públicas que Barrabés obtuvo por valor de 10,6 millones de euros con el aval de Gómez.
A medida que la investigación avanzaba, el juez Peinado citó a declarar a Pedro Sánchez para que explicara su relación con las reuniones de su esposa y el empresario. El presidente solicitó prestar declaración por escrito, amparándose en el artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero esta petición fue denegada. Finalmente, Sánchez declaró en La Moncloa el pasado 30 de julio, pero se acogió al artículo 416 de la misma ley, que le exime de declarar en contra de su cónyuge.
Querella de Sánchez contra el juez Peinado
El mismo día de su declaración, Sánchez presentó una querella contra el juez Peinado por un supuesto delito de prevaricación, a través de la Abogacía del Estado. En su querella, argumentó que Peinado dictó una resolución "injusta" y "a sabiendas" al citarlo a declarar. El caso ahora está bajo la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que se pronunciará sobre la querella a finales de este mes.
La decisión de Sánchez de utilizar a la Abogacía del Estado para defender su posición en este caso ha generado malestar en el cuerpo jurídico, ya que varios miembros consideran que no es apropiado emplear recursos públicos en una querella que afecta a asuntos personales. Además, algunos juristas critican que la abogada designada para firmar el documento fuera Zaida Fernández Toro, considerada por algunos como una profesional de menor rango dentro del organismo.
El futuro de la denuncia
El Tribunal Supremo deberá decidir en las próximas semanas si admite a trámite la denuncia presentada contra Sánchez. Según expertos legales, la recusación del juez Peinado es improbable, ya que no se han presentado causas legales suficientes para apartarlo del caso. El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece 16 motivos para la recusación de un magistrado, pero hasta ahora no se ha demostrado que Peinado haya incurrido en ninguno de ellos.
Este proceso se enmarca en un contexto donde cada año se presentan en España alrededor de 200 querellas contra jueces por prevaricación, de las cuales la gran mayoría son desestimadas. En cuanto al caso Begoña Gómez, varias organizaciones, como Vox, Iustitia Europa y Hazte Oír, también se han querellado contra Sánchez por presunta prevaricación y malversación.
El resultado del análisis del Supremo podría influir no solo en la investigación en curso contra Begoña Gómez, sino también en la imagen y el futuro político de Pedro Sánchez.