Caso Begoña Gómez

La verdad detrás de la financiación de la cátedra de Begoña Gómez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez. Diego Radamés / Archivo
El juez Peinado investiga si Begoña Gómez recibió un trato preferencial en la Universidad Complutense, tras revelarse que las empresas financiadoras desconocían su falta de licenciatura oficial.

Este lunes, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió al centro de la investigación judicial en torno a su cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid. Dos de las empresas que financiaron esta cátedra han admitido ante el juez Juan Carlos Peinado que no estaban al tanto de que Gómez no poseía una licenciatura oficial, tal como lo publicó OkDiario en 2018. Esta información fue proporcionada por Leticia Lauffer, directora de Wakalua (filial de Globalia), y Luis Miguel Ciprés, CEO de Barrabés, quienes junto a representantes de Reale Seguros y la Fundación La Caixa, comparecieron como testigos ante el juez.

Durante una sesión maratoniana de cinco horas, el juez Peinado escuchó los testimonios de Ignacio Mariscal, CEO de Reale Seguros, y Marc Simón Martínez, subdirector general de la Fundación La Caixa. Ambos describieron el proceso que llevó a la creación de la cátedra, la cual recibió un financiamiento de 120,000 euros. Según un acta de la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, Simón Martínez estuvo presente en una reunión de seguimiento, junto a otros altos cargos de la Universidad Complutense, para discutir el progreso de la cátedra.

La abogada de Vox, Marta Castro, comentó que la participación de Reale Seguros y La Caixa en la cátedra de Gómez se debió al respaldo de la Universidad Complutense de Madrid. Según ella, estas empresas no revisaron la trayectoria profesional de Gómez antes de comprometerse a financiar la cátedra, confiando en la reputación de la universidad. A pesar de esto, Gómez debería haber renovado su cátedra de Transformación Social Competitiva, conforme a los plazos estipulados por la propia universidad. El reglamento indica que la prórroga debe gestionarse tres meses antes de la finalización del plazo fijado en el convenio de creación de la cátedra, que en este caso expiró el 30 de julio de 2024.

El 2 de agosto, el juez Peinado solicitó a la Universidad Complutense los convenios de creación de todas las cátedras extraordinarias, junto con los currículums de sus directores y codirectores, para verificar si Gómez recibió un trato preferencial. Esta solicitud es parte de una investigación por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

El día anterior, el 1 de agosto, el juez tomó declaración a Juan Carlos Barrabés, quien confirmó haber mantenido reuniones con Pedro Sánchez en Moncloa para discutir temas de innovación. Barrabés señaló que también ha tenido encuentros similares con otros partidos políticos y responsables institucionales.

Por otro lado, la Audiencia de Madrid revisará el 30 de septiembre la solicitud de Gómez de archivar la investigación en su contra, y ese mismo día se abordará el recurso de la Fiscalía para delimitar la causa. Además, el abogado de Gómez, Antonio Camacho, y la Abogacía del Estado han presentado una querella por presunta prevaricación contra el juez Peinado.