Este movimiento se debe a la presentación de una nueva demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por parte de un familiar de una víctima, lo que podría implicar un reexamen de las pruebas.

El atentado, que dejó 17 muertos y 350 heridos, fue perpetrado por una célula terrorista liderada por el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty, y Younes Abouyaaqoub, quien condujo un vehículo Seat Ibiza a gran velocidad por las Ramblas de Barcelona, atropellando a los peatones. La prueba en cuestión es el vehículo Seat Ibiza II, matrícula 2538 BWK, que fue utilizado en ese ataque. El coche es propiedad de Omar Abouyaaqoub, padre del terrorista abatido, quien había autorizado su achatarramiento una vez cerrado el caso por el Tribunal Constitucional.

La solicitud de la Abogacía, presentada por la letrada Zaida Isabel Fernández Toro, llega después de que la Audiencia Nacional ordenara la destrucción del vehículo el pasado 18 de septiembre, tras finalizar las investigaciones judiciales sobre el ataque. En el recurso, Fernández Toro pide que se conserven las evidencias, ya que si la demanda ante el TEDH es aceptada, podría ser necesario revisar las pruebas físicas relacionadas con el caso. La letrada justifica la necesidad de mantener la prueba hasta que "se culmine toda vía posible de resolución de las actuaciones".

Contexto del recurso

Este recurso de la Abogacía surge tras la demanda presentada ante el TEDH, que busca aclarar la conexión entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Es Satty, el imán de Ripoll, quien fue señalado como el jefe de la célula terrorista responsable de los atentados. La parte demandante, representada por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, cuestiona el papel del CNI y sostiene que es necesario un mayor esclarecimiento sobre la relación de los servicios de inteligencia españoles con Es Satty antes del ataque.

Posición de la Fiscalía y los Mossos

Tanto la Fiscalía como los Mossos d'Esquadra habían solicitado la destrucción del vehículo, argumentando que todas las pruebas necesarias ya habían sido recopiladas y documentadas durante la investigación. De hecho, los Mossos elaboraron un informe detallado sobre el vehículo, que forma parte del sumario judicial. Sin embargo, la Abogacía del Estado ha mostrado "respetuosa discrepancia" respecto a la destrucción del vehículo, subrayando que, aunque se haya documentado, la conservación de la prueba es esencial dado el nuevo escenario legal planteado por la demanda ante el TEDH.

Demandas ante el TEDH

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene ahora ante sí una demanda que cuestiona el manejo del caso por parte del Estado español, en particular el papel del CNI en la prevención del atentado. Los demandantes sostienen que la inacción o negligencia de los servicios de inteligencia pudo haber contribuido a la imposibilidad de prevenir los ataques. Se apunta a los vínculos entre el CNI y Es Satty, y a la falta de una respuesta clara sobre su rol en los días previos al atentado.

Los demandantes invocan los artículos 2 (derecho a la vida) y 13 (derecho a un recurso efectivo) del Convenio Internacional de Derechos Humanos, alegando que el Estado incumplió con sus obligaciones procesales, lo que afectó el acceso de las víctimas a recursos efectivos para determinar la responsabilidad de los funcionarios o instituciones del Estado.

Implicaciones políticas

Esta solicitud de la Abogacía del Estado también se enmarca en un contexto político complejo, ya que llega en un momento en que el PSOE ha acordado con Junts per Catalunya la desclasificación de documentos del CNI relacionados con los atentados del 17-A. Este acuerdo se produce en medio de la búsqueda de apoyos parlamentarios para la investidura de Pedro Sánchez, lo que añade otra capa de interés al caso.

Los partidos independentistas, como Junts, han sido críticos con la versión oficial de los atentados y han presionado para que se esclarezcan las posibles negligencias o responsabilidades del CNI en la trama. En particular, han cuestionado el destino de Abdelbaki es Satty y su supuesta implicación en el atentado, así como su posible relación con los servicios de inteligencia españoles.

El papel del CNI

El abogado Jaume Alonso-Cuevillas, que representa a los demandantes ante el TEDH, ha subrayado la necesidad de una mayor aclaración sobre el destino de Es Satty y sobre el papel del CNI en los eventos previos a los atentados. Las demandas señalan que el CNI pudo haber tenido información que podría haber evitado los ataques, pero que no actuó adecuadamente.

Esta línea de investigación ha sido motivo de debate en España, con sectores de la sociedad, en particular los partidos independentistas, exigiendo mayor transparencia en las acciones del CNI y el Gobierno español en los días previos a los ataques. Para estos grupos, la desclasificación de los informes del CNI es un paso necesario para arrojar luz sobre lo que consideran puntos oscuros en la investigación oficial.

Futuro de la investigación

Con la solicitud de la Abogacía del Estado de preservar la prueba clave y la demanda pendiente ante el TEDH, el caso de los atentados del 17-A sigue lejos de cerrarse. La Audiencia Nacional deberá decidir si accede a la petición de conservar las evidencias mientras avanza la demanda en el tribunal europeo. Si se admite la demanda, podría abrirse un nuevo capítulo en la investigación de los ataques y del papel de las instituciones españolas en su prevención.

Este desarrollo subraya la complejidad legal y política que rodea a los atentados del 17 de agosto de 2017, que siguen generando preguntas tanto a nivel judicial como en el ámbito público. A medida que se avanza en el proceso judicial, el papel del CNI y la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado continuarán siendo objeto de escrutinio y debate tanto en España como en el ámbito internacional.