Contra viento y marea
La gestión de residuos continúa siendo algo así como un proyecto piloto para las administraciones locales, que legislan sin ofrecer herramientas, ni a las empresas ni a la ciudadanía, que no saben cómo llevarlas a la práctica
Cantabria es tierra de marineros, y esta conexión con el mar ha influido a lo largo de los siglos en nuestra forma de vida. El estudio del entorno y de las mareas nos ha permitido adaptarnos y adelantarnos a la próxima ola para que no se hunda el barco. Sin embargo, esta sabiduría ancestral parece haberse perdido, especialmente en la política actual.
Desde las distintas administraciones públicas ya no se busca anticiparse para estar preparados para las necesidades futuras; en su lugar, impera un cortoplacismo sin un horizonte más lejano que el que marca una legislatura.
Un claro ejemplo de esta falta de previsión es la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Una ley que se vendió como un cambio de paradigma en la gestión de residuos, pero que no hemos sabido llevar a la práctica. Pongamos un poco de contexto. La citada ley no es más que la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de las Directivas (UE) 2018/851 y 2019/904 del Parlamento Europeo, así como la revisión de la normativa de residuos y suelos contaminados aprobada en la Ley 22/2011.
Por tanto, con la publicación de la directiva de 2018 ya llegó el primer aviso a navegantes, marcando, entre otras cosas, la obligación de los Estados miembros de garantizar la recogida separada de los biorresiduos antes del 31 de diciembre de 2023.
El plazo de transposición de esta directiva terminaba en julio de 2020, aunque en España no se materializó hasta la publicación de la Ley 7/2022, dos años más tarde.
Durante este periodo, las comunidades autónomas han ido actuando de diferente manera. Las más previsoras se pusieron a trabajar para ir remando hacia los objetivos que venían desde Europa.
Solo hacía falta cruzar la frontera de Castro Urdiales para ver el famoso «contenedor marrón» en las calles de País Vasco (cuyo primer avistamiento en la comunidad vecina data de 2014); o ver cómo Asturias trabajaba en la ampliación de sus plantas de tratamiento, sin saber que en el futuro tendríamos que llevar allí los residuos orgánicos de Cantabria (por lo menos hasta 2027, cuando se estima que finalicen las obras de Meruelo).
Con la entrada en vigor el 8 de abril de la Ley 7/2022, se estableció la obligación a las entidades locales de recoger de manera separada los biorresiduos de origen doméstico antes del 30 de junio de 2022 para poblaciones mayores de 5.000 habitantes, y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto.
Uno podría pensar que las grandes poblaciones, o por lo menos la capital, habrían ajustado las velas para llegar a tiempo, pero la realidad ha resultado ser muy distinta. El resto de la región transitó sin un rumbo claro, que derivó en un proyecto piloto en la Comarca del Besaya del que no se han publicado resultados.
A la implantación de la orgánica hay que añadir, para antes del 31 de diciembre de 2024, la obligación de recoger de forma separada los residuos textiles, aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y los residuos voluminosos (residuos de muebles y enseres). A excepción de algunos municipios, todavía es difícil encontrar contenedores para este tipo de residuos.
Los marineros saben bien que, si no se mantiene el rumbo y no hay faro donde guiarse, el mar puede ser implacable. Se avecina un tsunami legislativo en materia medioambiental para la que tenemos que estar preparados. Es hora de que las instituciones dejen de lado el cortoplacismo y empezar a prepararnos para poder llegar a buen puerto.