La Fiscalía boliviana emite una orden de detención contra Evo Morales

El conflicto político y judicial en Bolivia ha dado un nuevo giro con la emisión de una orden de detención contra el expresidente Evo Morales. La Fiscalía de Tarija, encabezada por la fiscal Sandra Gutiérrez, emitió este mandato después de que Morales no se presentara a declarar por una investigación en su contra relacionada con un caso de abuso de menores y trata de personas. La decisión también afecta a los padres de la supuesta víctima, quienes tampoco asistieron a las citaciones previas.

Acusaciones Graves: Abuso de Menores y Trata de Personas

La investigación que involucra a Morales se centra en un presunto delito de abuso sexual ocurrido en 2015, cuando el exmandatario estaba en funciones. Según las denuncias, Morales habría mantenido una relación con una menor de 15 años, quien luego dio a luz a una niña. La joven habría sido inscrita por sus padres en el programa "Guardia Juvenil", un proyecto impulsado por el gobierno de Morales con el objetivo, según la Fiscalía, de “escalar políticamente” aprovechando la cercanía con el expresidente.

Este caso ha tomado mayor relevancia debido a la fuerte enemistad entre Morales y el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, lo que ha dividido al partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS), y ha generado un clima de tensión política en el país.

Ausencia de Morales en la declaración: ¿Falta de garantías?

Uno de los argumentos clave de la defensa de Morales para su ausencia en la citación del jueves fue la falta de garantías de seguridad. Nelson Cox, abogado del exmandatario, indicó que, a pesar de la presencia de 600 oficiales para resguardar el área, Morales no se sentía seguro para presentarse ante la Fiscalía. Además, la defensa presentó un informe alegando un "impedimento legal", citando una sentencia constitucional que ordenaba que el caso fuera tratado en Cochabamba, la región donde reside Morales, y no en Tarija.

Este punto ha sido motivo de controversia, ya que la Fiscalía sostiene que los hechos investigados ocurrieron en Tarija, y por tanto, la competencia jurisdiccional debe mantenerse allí.

Morales denuncia persecución política

Desde el exilio y a través de sus redes sociales, Evo Morales ha denunciado que esta orden de detención es parte de una “guerra judicial” impulsada por el gobierno de Luis Arce. Según el exmandatario, esta campaña judicial no busca justicia, sino eliminarlo políticamente de cara a las elecciones de 2025, donde fue recientemente proclamado como “candidato único” del MAS.

“Ninguno de los juicios que el Gobierno de Luis Arce promueve en nuestra contra resolverá los problemas del país. La política debe ser para servir al pueblo, no para destruir al adversario,” expresó Morales en una de sus publicaciones más recientes. Esta narrativa ha sido respaldada por grupos sociales y sectores afines a Morales, que ven en el proceso judicial un intento de “lawfare” o judicialización de la política.

El anuncio de la orden de detención ha generado protestas entre los simpatizantes de Morales. Diversas organizaciones sociales, principalmente en las regiones de Santa Cruz y Cochabamba, han advertido que si Morales es detenido, se procederá con bloqueos en las principales vías del país, afectando la ya frágil estabilidad social y económica de Bolivia.

Mientras tanto, el abogado de Morales ha cuestionado la legalidad del proceso y el despliegue policial masivo en Tarija, afirmando que “definitivamente hay un escenario de amedrentamiento” contra el expresidente.

Divisiones en el MAS: Arce llama al diálogo

El conflicto entre Morales y Arce ha evidenciado una fractura en el Movimiento al Socialismo, el partido que gobernó Bolivia durante casi dos décadas bajo el liderazgo de Morales. Aunque Morales sigue siendo una figura influyente dentro del MAS, su relación con el actual presidente se ha deteriorado significativamente.

Luis Arce, por su parte, ha llamado a Morales a dialogar y ha dejado claro que no desea una “guerra civil” en Bolivia, una advertencia que refleja el nivel de tensión que atraviesa el país. Sin embargo, hasta ahora, no se ha producido un acercamiento concreto entre ambas partes, y la posibilidad de un acuerdo parece lejana.

El caso y la opinión pública

El caso de abuso de menores y trata de personas que involucra a Evo Morales ha impactado fuertemente en la opinión pública. Aunque algunos sectores consideran que el proceso está viciado por motivaciones políticas, otros ven en las acusaciones un serio asunto de justicia que debe ser resuelto sin favoritismos.

A medida que avanza la investigación, la defensa de Morales insiste en que su cliente no ha cometido ningún delito y que todo se trata de una campaña de desprestigio impulsada por el gobierno. “Hay más de 200 abogados que se han ofrecido a defender a Morales de manera gratuita,” aseguró su equipo legal, lo que refleja el respaldo con el que aún cuenta el exmandatario en ciertos sectores.

El caso ha despertado la atención internacional, especialmente en América Latina, donde Morales ha sido una figura emblemática de la izquierda. El Grupo de Puebla, que agrupa a líderes y exmandatarios progresistas de la región, ha expresado su “preocupación” por lo que consideran una persecución judicial contra Morales. Este tipo de respaldo podría influir en la manera en que se maneja el caso a nivel global.

Por otro lado, los críticos del exmandatario insisten en que nadie está por encima de la ley y que Morales debe responder ante la justicia por las acusaciones que pesan sobre él.