Piélagos inicia el proceso para derribar viviendas con sentencia firme

El Ayuntamiento de Piélagos ha iniciado el proceso para la demolición de 17 viviendas situadas en el Barrio La Caseta de Liencres, en las cercanías de la playa de Cerrias. Estas viviendas, que cuentan con sentencias firmes de derribo, han sido objeto de licitación a través de dos contratos diferentes. El primero de estos contratos cubre la demolición de 11 viviendas, con un presupuesto estimado en 173.818 euros, mientras que el segundo abarca el derribo de las restantes 6 viviendas, con un coste de 94.706 euros. En total, la demolición de las 17 viviendas tiene un valor estimado de 268.525 euros, según la documentación remitida por el Consistorio a la Plataforma de Contratación del Sector Público y divulgada por la Alternativa Vecinal Independiente de Piélagos (AVIP).

La licitación de estos derribos se ha producido en un contexto de cumplimiento de las sentencias judiciales que ordenan la demolición de las viviendas, situadas en una zona afectada por irregularidades urbanísticas. La fecha límite para la presentación de ofertas para el primer contrato finalizó el 4 de julio, mientras que para el segundo contrato concluyó el 26 de junio. En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, explicó que el Ayuntamiento ha procedido a la licitación de estas demoliciones para cumplir con los plazos establecidos por los tribunales. Sin embargo, Caramés expresó su esperanza en que las viviendas puedan ser salvadas mediante su legalización con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El nuevo PGOU, aprobado inicialmente en julio de 2023, contempla la clasificación de la zona de Cerrias como urbana. Esta reclasificación permitiría la posible legalización de las viviendas si los tribunales aceptan el nuevo planeamiento. Caramés destacó que "no tendría sentido derribar viviendas en una zona que posteriormente será considerada urbana y donde se podrán construir nuevos pisos". Sin embargo, subrayó la necesidad de cumplir con las sentencias judiciales mientras se avanza en la tramitación del nuevo PGOU.

El proceso de aprobación del nuevo PGOU ha enfrentado varios obstáculos. En enero de 2024, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) devolvió el documento al Ayuntamiento para la inclusión de diversos informes sectoriales, modificaciones y rectificaciones. Actualmente, los técnicos municipales y del Gobierno de Cantabria están trabajando para aclarar dudas y recabar los informes necesarios antes de someter el PGOU nuevamente a información pública. Este paso es esencial antes de que el plan pueda recibir su aprobación provisional.

La financiación de las demoliciones no proviene de remanentes municipales, sino de un fondo específico de derribos. Este fondo municipal, creado para hacer frente a los gastos derivados de las demoliciones, cuenta actualmente con más de 5,5 millones de euros. Desde 2013, el Ayuntamiento de Piélagos ha aportado medio millón de euros anuales a este fondo. Aunque el fondo llegó a tener más de 6 millones de euros, se han gastado 600.000 euros en diversas demoliciones, dejando el saldo actual en 5,5 millones de euros.

La licitación de las demoliciones ha sido objeto de críticas por parte de AVIP. Esta formación política considera que agotar los remanentes municipales es una irresponsabilidad, dadas las importantes obligaciones financieras que el Ayuntamiento de Piélagos deberá afrontar a corto y medio plazo. En una sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento, se aprobó un suplemento de crédito de casi ocho millones de euros, provenientes de los remanentes de tesorería. Este suplemento está destinado a financiar diversas actuaciones en los pueblos de Piélagos. La aprobación contó con los votos a favor del equipo de Gobierno (PP) y VOX, mientras que PSOE y AVIP votaron en contra y el PRC se abstuvo.

Luis Antonio Sañudo, portavoz de AVIP, ha expresado su preocupación por la situación financiera del Ayuntamiento y por el impacto de las demoliciones en los afectados. Según Sañudo, existen otras viviendas con órdenes de demolición en Cerrias II, Entrelindes y L-O5, y las finanzas municipales podrían verse comprometidas. Sañudo criticó al alcalde Caramés por no mostrar preocupación ante esta situación, señalando que los convenios necesarios para gestionar estos problemas no han sido adecuadamente gestionados ni por el PP local ni por el regional.

La situación de las viviendas afectadas por las sentencias de demolición en Piélagos es compleja. Las irregularidades urbanísticas que dieron lugar a estas sentencias son el resultado de decisiones y acciones tomadas en el pasado que no cumplieron con la normativa vigente. Las viviendas en cuestión fueron construidas en áreas no urbanizables o sin las licencias correspondientes, lo que llevó a los tribunales a ordenar su demolición para restablecer la legalidad urbanística.

El nuevo PGOU del Ayuntamiento de Piélagos, que está en proceso de revisión, busca corregir estas irregularidades y planificar el desarrollo urbanístico del municipio de manera sostenible y conforme a la normativa. La inclusión de la zona de Cerrias como urbana en el nuevo PGOU es un paso importante en este proceso. Si el nuevo planeamiento es aceptado por los tribunales, podría permitir la legalización de las viviendas afectadas, evitando así su demolición y permitiendo a los propietarios regularizar su situación.

La demolición de las viviendas en Cerrias no solo tiene implicaciones legales y urbanísticas, sino también sociales y económicas. Las familias que residen en estas viviendas enfrentan la incertidumbre de perder sus hogares, lo que genera una gran preocupación y estrés. Además, el coste de las demoliciones y la necesidad de gestionar adecuadamente los fondos municipales para hacer frente a estos gastos son desafíos significativos para el Ayuntamiento.

En este contexto, es fundamental que el Ayuntamiento de Piélagos y los distintos actores involucrados trabajen de manera coordinada para encontrar soluciones viables que permitan cumplir con las sentencias judiciales y, al mismo tiempo, minimizar el impacto negativo en los residentes y las finanzas municipales. La posible legalización de las viviendas a través del nuevo PGOU es una vía que podría ofrecer una solución equilibrada, siempre que se cumplan los requisitos legales y se obtenga la aprobación de los tribunales.

El alcalde Caramés ha señalado que, a pesar de las dificultades, el Ayuntamiento está comprometido con la búsqueda de soluciones que beneficien a la comunidad y cumplan con las obligaciones legales. En sus declaraciones, ha subrayado la importancia de avanzar en la tramitación del nuevo PGOU y de trabajar en colaboración con los técnicos municipales y del Gobierno de Cantabria para asegurar que el plan cumpla con todos los requisitos y pueda ser aprobado.

En conclusión, la licitación de la demolición de 17 viviendas en Cerrias por parte del Ayuntamiento de Piélagos es una medida necesaria para cumplir con las sentencias judiciales, pero también representa un desafío complejo que requiere una gestión cuidadosa y coordinada. La posible legalización de las viviendas a través del nuevo PGOU ofrece una esperanza para los propietarios afectados, pero dependerá de la aprobación de los tribunales y de la capacidad del Ayuntamiento para gestionar adecuadamente el proceso. Mientras tanto, las críticas y preocupaciones expresadas por AVIP y otros actores subrayan la necesidad de una gestión financiera responsable y de encontrar soluciones que minimicen el impacto negativo en la comunidad.