Procesado el líder del PSOE de Murcia por malversación durante su mandato como alcalde
El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Pepe Vélez, ha sido procesado por el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz como presunto autor de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Los hechos investigados se remontan a su periodo como alcalde de Calasparra (Murcia) y están relacionados con la organización de festejos taurinos en el municipio entre los años 2017 y 2019.
El auto judicial, dictado este jueves, también afecta a otros implicados, entre ellos Jordi Arce, exsecretario de organización del PSOE regional, y Antonio José Merino, quienes ocuparon el cargo de concejales de Festejos durante esa época. Asimismo, está procesado Pedro Pérez-Chicote, administrador de la empresa Chipé Producciones, que fue contratada para los eventos taurinos.
El caso: Ganaderías y contratos inflados
Según el juez instructor, las actuaciones se centran en la contratación de reses para los encierros matutinos que se celebraban durante la Feria del Arroz en Calasparra. El Ayuntamiento firmó varios acuerdos con la empresa Chipé Producciones, responsable de los encierros y los festejos taurinos de la feria, por un valor de 30.000 euros en 2017, 37.000 en 2018 y un contrato menor de 15.000 euros en 2019.
El juzgado sostiene que el Ayuntamiento asumió con fondos públicos una serie de gastos adicionales que no le correspondían, beneficiando así exclusivamente a la empresa de Pérez-Chicote. El juez detalla que algunos de estos pagos fueron efectuados mediante facturas que carecen de justificación, y que el Ayuntamiento no exigió la documentación necesaria que avalara esos desembolsos. Se menciona, además, que varios de los gastos estaban vinculados a la plaza de toros, que es de propiedad privada, o a la Feria Taurina del Arroz, un evento también privado.
Presunta malversación y prevaricación administrativa
El juez afirma que, a tenor de los hechos investigados, se observan indicios de malversación y prevaricación administrativa, delitos por los cuales se ha decidido procesar a Vélez y a los otros acusados. Aunque el auto no es definitivo y puede ser recurrido tanto en reforma ante el mismo juzgado como en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia, el juez ha dado un plazo de diez días a las partes para que presenten sus escritos de acusación y soliciten la apertura del juicio oral o pidan el sobreseimiento de las actuaciones.
Reacciones políticas y contexto
El procesamiento de Pepe Vélez llega en un momento delicado para el Partido Socialista de Murcia, donde Vélez ha desempeñado un papel crucial como líder regional. La noticia ha generado un gran revuelo en el ámbito político local y nacional. Aunque Vélez ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a declaraciones sobre el caso, se espera que en los próximos días el PSOE de Murcia emita un comunicado oficial sobre su postura ante este proceso judicial.
Vélez asumió la alcaldía de Calasparra con un enfoque de modernización y dinamización cultural, y los festejos taurinos eran uno de los principales eventos que organizaba el municipio. Sin embargo, el coste y la gestión económica de estos eventos ha quedado ahora bajo escrutinio judicial. Este procesamiento podría tener repercusiones a nivel interno en el PSOE regional, justo en un momento donde el partido busca consolidar su liderazgo en Murcia.
Los hechos investigados y su relevancia judicial
El juez ha sido claro en su descripción de los gastos inflados y los beneficios económicos indebidos percibidos por la empresa de Pérez-Chicote. En los tres años analizados, el Ayuntamiento de Calasparra abonó cantidades que "excedían ampliamente los precios pactados", asumiendo gastos que debían haber sido costeados por la empresa organizadora de los festejos taurinos. Este proceder, según el juez, "benefició indebidamente" a Chipé Producciones, lo que constituye el núcleo de los presuntos delitos de malversación y prevaricación.
El procesamiento de los responsables municipales, incluidos Vélez y los concejales de Festejos, se basa en que habrían permitido y facilitado este manejo irregular de fondos públicos, algo que contraviene las leyes de transparencia y gestión pública.