Los animalistas denuncian ante la fiscalía el minizoo de la Magdalena
La Federación Dean (Defensa Animal Cantabria) ha interpuesto denuncia contra el Ayuntamiento de Santander ante Fiscalía por incumplimiento de la Ley de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos, en concreto en el minizoo de La Magdalena.
DEAN ha dado este paso tras haber recibido, desde el Servicio de Participación Ciudadana y Transparencia, el informe sobre este recinto, elaborado por Zoological y fechado en noviembre de 2020 --y cuya existencia, según asegura el colectivo, les fue "negada" en una primera solicitud, realizada también vía transparencia-- y después de conocer además el contenido del resto de informes elaborado por los miembros del Comité de Expertos.
La presidenta de la federación, Victoria Cedrún, explica en un comunicado que de acuerdo con dichos informes el minizoo "ha funcionado de manera ilegal hasta el 2016, al incumplir la legislación que le obligaba a darse de alta", tal y como refleja la citada norma, la Ley 31/2003.
Asimismo, en ellos se alude a animales que "no están en condiciones adecuadas a su especie", también "enfermos y no medicados de la forma correcta", así como a "comportamientos extraños derivados de su cautividad en instalaciones incorrectas y a la falta de enriquecimiento ambiental".
Cedrún señala también que esos documentos reflejan igualmente "la necesidad de mejorar instalaciones, problemas con el sistema de filtración del agua, falta de programas en cuanto a educación, conservación e investigación, cartelería obsoleta, ausencia de protocolos, necesidad de informatización del sistema y ausencia de un plan de formación continua para los cuidadores y trabajadores del zoo".
Con todo, lamenta que pese al contenido de esos informes y una vez emitidas las conclusiones del Comité de Expertos creado en julio de 2020, el Ayuntamiento "sigue sin tomar una decisión firme sobre el futuro del zoo y de los animales que allí residen".
Esto pone de manifiesto, a juicio de la presidenta de DEAN, "la dejadez del equipo de gobierno en materia de bienestar animal, el incumplimiento de la legislación vigente y la falta de transparencia al haber ocultado los informes durante más de dos años".
La denuncia: incumplimiento de la Ley 31/2003
Con fecha 29 de marzo de 1999, se adoptó la Directiva 1999/22/CE, relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos, que exige el establecimiento de un régimen de autorización y de inspección de los parques zoológicos, que garantice el cumplimiento de condiciones básicas de sanidad, bienestar y seguridad.
La obligatoria incorporación de la normativa ambiental europea hizo necesario que se dictara en España la Ley 31/2003, de 27 de octubre, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos, para asegurar la protección de la fauna silvestre existente en los zoos y la contribución de éstos a la conservación de la biodiversidad.
Así, y de conformidad con el Art. 8 de la Ley 31/2003, "El órgano competente de la Comunidad Autónoma realizará, al menos, una inspección anual de cada parque zoológico, sin perjuicio de las inspecciones que pueda realizar en cualquier momento, de oficio o por denuncia".
Desde Dean señalan que se estarían incumpliendo: el artículo 3, relativo a las medidas de bienestar animal, profilácticas y ambientales; el art. 4, que habla de los programas de conservación y educación; el art. 5, que establece la obligatoriedad de personal especializado y el art. 6, sobre el registro de especies y ejemplares; y que, por tanto, serían de aplicación los artículos 11 y 13, que hablan de la responsabilidad del incumplimiento y de la graduación de las infracciones respectivamente.
Por todo lo anterior solicitan a Fiscalía que se abra el proceso de investigación necesario para averiguar si se está cometiendo algún ilícito penal por parte del consistorio y piden a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que realicen las inspecciones de la manera adecuada porque “es inconcebible que si se realizan en tiempo y forma, situaciones de evidente falta de bienestar animal, de instalaciones inadecuadas y de incumplimiento de la legislación como las que se han dado en el minizoo, lleguen a producirse”.
“Hemos normalizado la posibilidad de divertirnos a costa del sufrimiento de otros y nada justifica que mantengamos en cautividad animales que son alejados de su hábitat y privados de la posibilidad de realizar los comportamientos propios de su especie y de tener una vida digna. Ha llegado el momento de que el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno Autonómico trabajen de forma conjunta y se sienten para decidir el futuro de las instalaciones y de los animales que albergan” sentencia Cedrún.