Santander presenta alegaciones al anteproyecto de Ley de Simplificación Administrativa
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha mantenido una reunión esta mañana con la consejera de Presidencia de Cantabria, Isabel Urrutia, en la que se le hizo entrega del documento de alegaciones elaborado por el Ayuntamiento de Santander al anteproyecto de Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria. Este texto normativo fue presentado por el Gobierno regional (PP) y sometido a información pública en el pasado mes de agosto.
Durante el encuentro, Igual destacó que el equipo de Gobierno municipal comparte los objetivos principales del anteproyecto, cuyo fin es modernizar la Administración pública, agilizar su funcionamiento y eliminar trabas burocráticas, buscando mayor eficiencia en los procedimientos y reducción de los costes para el ciudadano. Según palabras de la alcaldesa, se trata de lograr "la modernización de la Administración pública, la agilización y eficiencia de su funcionamiento", con lo que el Ayuntamiento busca aportar mejoras y contribuir a la simplificación administrativa en favor de los ciudadanos.
No obstante, la alcaldesa subrayó la necesidad de que las entidades locales dispongan de un tiempo adecuado para adaptar sus estructuras a los cambios que la nueva Ley implicará. En este sentido, solicitó que se contemple un plazo mínimo para que los ayuntamientos puedan adecuarse una vez que la normativa entre en vigor.
Licencia de actividad
Un punto importante del debate fue la regulación sobre la licencia de actividad. Igual recalcó que ciertas actividades, debido a los "graves riesgos y la alarma social que normalmente producen", no deberían quedar exentas de la exigencia de esta licencia. Señaló que la seguridad y el bienestar de los vecinos deben estar garantizados por los ayuntamientos, para lo cual es imprescindible contar con herramientas adecuadas. Además, se propone que se establezca un plazo mínimo de uno a dos meses para la presentación de la declaración responsable antes de iniciar una actividad, en función de las características del proyecto.
Asimismo, la regidora abogó por otorgar un mayor papel a los ayuntamientos en la implementación de los proyectos empresariales estratégicos, promoviendo la colaboración mediante convenios para establecer mecanismos de interoperabilidad, tramitación urgente y seguimiento de dichos proyectos.
Por otro lado, Igual reconoció que la implantación de esta Ley conllevará una transformación en los hábitos de funcionamiento de la Administración pública. Según afirmó, será "una transformación ambiciosa", similar a lo que supuso la implantación de la tramitación electrónica de expedientes. Esta reforma implicará un esfuerzo colectivo para mejorar el servicio público.
El nuevo marco legislativo plantea la generalización del uso de la declaración responsable como sustituto de las actuales licencias, cuyo proceso de tramitación puede alargarse considerablemente. Esta medida tiene como objetivo evitar demoras en la puesta en marcha de proyectos o actividades, trasladando la responsabilidad a los servicios municipales en la etapa de inspección y comprobación posterior.
Finalmente, la participación de los colegios profesionales será clave, pues podrán actuar como entidades colaboradoras en la certificación, facilitando la gestión de expedientes y la intervención de los interesados. Para concluir, Igual afirmó que la aprobación de esta Ley requerirá un "estudio riguroso" por parte de los ayuntamientos sobre sus procedimientos administrativos y la consiguiente mejora regulatoria. Además, subrayó la importancia de adaptar las plataformas de intercambio de datos entre las administraciones públicas, evitando así la sobrecarga de documentación para el ciudadano.