Denuncian a Gómez Morante por posible prevaricación en Aguas de Torrelavega
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha recibido una denuncia contra Aguas de Torrelavega por un posible delito de prevaricación relacionado con la contratación de personal temporal. La acusación se dirige contra la presidenta del Consejo de Administración de la empresa, Blanca Rosa Gómez Morante, y su gerente, Óscar Peña, por supuestas irregularidades en la selección de trabajadores para cubrir una plaza de analista de laboratorio.
El sindicato denunciante, en concreto la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO), ha señalado que Aguas de Torrelavega ha estado contratando personal temporal utilizando una lista de reserva de 2018, a pesar de que el convenio colectivo establece que estas bolsas de empleo no pueden tener una vigencia superior a los dos años. Esta práctica, según el sindicato, infringe lo estipulado en el acuerdo laboral.
En mayo de este año, la empresa volvió a contratar a un trabajador temporal para el puesto de analista de laboratorio basándose en la mencionada lista de reserva de 2018, cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria. Como consecuencia de esta contratación, la Inspección de Trabajo abrió un expediente sancionador por incumplimiento del convenio colectivo. Según el acuerdo, el uso de bolsas de empleo debe respetar estrictamente los plazos fijados, lo que, en este caso, no se ha cumplido.
Ante la resolución de la Inspección de Trabajo, la denuncia ha escalado a la Fiscalía para que investigue los hechos. El objetivo es determinar si las contrataciones irregulares realizadas por la empresa pueden constituir un delito de prevaricación. Se cuestiona que desde 2020 se esté recurriendo a una bolsa de empleo caducada, lo que podría estar vulnerando la normativa laboral vigente.
El delegado sindical, Ricardo García, ha señalado que la organización lleva años advirtiendo a la empresa sobre estas prácticas. Según García, la contratación de personal temporal se ha basado en una bolsa de empleo que debería haber expirado en 2020, por lo que considera que estas acciones constituyen una irregularidad que ahora debe ser investigada.