Cantabria acelera las soluciones para los afectados por sentencias de derribo

En un esfuerzo por dar respuesta a una de las mayores problemáticas urbanísticas de Cantabria, el Gobierno autonómico ha anunciado medidas concretas para los afectados por sentencias de derribo. La construcción de viviendas de sustitución en Escalante, Arnuero y Argoños avanza a buen ritmo, y se espera que el proyecto en Escalante salga a licitación en los próximos 15 días, con una inversión de 2,3 millones de euros.

Viviendas de sustitución en Escalante, Arnuero y Argoños

El proyecto en Escalante, que contempla la construcción de 15 viviendas y garajes, se encuentra en una fase clave. Desde julio, el Gobierno ha enviado cartas a los afectados solicitando su aceptación o renuncia a estas viviendas, y se les ha dado audiencia hasta el pasado 30 de agosto para informarlos sobre el proyecto y las bases del futuro sorteo. Este proceso refleja el compromiso del Ejecutivo cántabro por dar soluciones inmediatas a los perjudicados por los derribos.

En Arnuero, tras la reciente aprobación de un modificado del proyecto original, se prevé que las obras de 62 viviendas de sustitución estén finalizadas en noviembre. Este proyecto, cuya inversión asciende a 7,7 millones de euros, es uno de los más importantes dentro de la estrategia de reparación impulsada por el Gobierno regional.

Por su parte, en Argoños, el Ejecutivo ha certificado ya el 60% del avance de las obras correspondientes a tres nuevas viviendas de sustitución en la urbanización Las Llamas II. Estas viviendas, cuya finalización está programada para enero de 2025, representan un paso adelante para los propietarios de una de las urbanizaciones más afectadas.

Creación de comisiones y reuniones con los afectados

Uno de los aspectos clave en la gestión de esta problemática ha sido la creación de comisiones específicas para tratar temas concretos con los afectados de varias urbanizaciones, como Pueblo de Mar y Las Llamas I. Según ha señalado el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, estas comisiones buscan mantener un diálogo fluido con los afectados y explorar soluciones personalizadas para cada comunidad.

Además, Media ha anticipado que se prevén reuniones similares con los afectados de Liencres, una muestra de la voluntad del Ejecutivo de abordar esta cuestión con la mayor cercanía posible. Estas comisiones, diseñadas para mejorar la coordinación entre el Gobierno y los afectados, refuerzan el enfoque de transparencia y colaboración que se ha buscado a lo largo de la legislatura.

Indemnizaciones y el Fondo de Derribos

En términos de indemnizaciones, el Gobierno de Cantabria ha mostrado un claro compromiso con las familias afectadas por las sentencias de derribo. Según informó el consejero Media, en el último año, la administración ha abonado 5,7 millones de euros, lo que representa más del 58% del total pagado desde 2020. Estas indemnizaciones son parte de una estrategia que busca compensar a los propietarios mientras se avanza en la construcción de nuevas viviendas.

En cuanto al Fondo de Derribos, administrado por la empresa pública Gesvican, se ha gastado en los primeros seis meses de 2024 un total de 4,2 millones de euros. El objetivo es alcanzar los 9 millones de euros de inversión a final de año, con lo que aún quedaría una partida de 6 millones disponible para el ejercicio 2025.

Este fondo se ha convertido en una herramienta fundamental para solventar la compleja situación que enfrenta Cantabria debido a las sentencias judiciales que obligan al derribo de viviendas construidas en terrenos no urbanizables. A través de estos recursos, el Gobierno autonómico ha podido desarrollar proyectos de viviendas de sustitución y compensar a los afectados, aunque, como subrayan los propios ciudadanos, aún queda mucho por hacer.

El compromiso del Gobierno y las demandas de los afectados

Durante el reciente encuentro entre Roberto Media y los representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), liderados por su presidente, Antonio Vilela, el consejero reiteró que el Gobierno de Cantabria sigue fiel a su hoja de ruta para solucionar de forma definitiva el problema de los derribos. En esta reunión, se acordó mantener encuentros periódicos para monitorear el progreso de las obras y el avance en las indemnizaciones.

Antes de que finalice el año, el Ejecutivo se reunirá con los afectados en un encuentro que contará con la presencia de la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, lo que refuerza la voluntad política de cerrar este capítulo doloroso para muchas familias cántabras.

Por su parte, Antonio Vilela ha manifestado que este año debe ser clave para encontrar soluciones reales y tangibles. El presidente de AMA ha insistido en la necesidad de establecer un calendario concreto con fechas y compromisos, que permita a las familias afectadas tener la certeza de que el Gobierno está cumpliendo con sus promesas.

Además, Vilela ha subrayado la importancia de modificar la ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que proteja de forma más eficaz a los ciudadanos de buena fe que compraron sus viviendas sin conocer las irregularidades urbanísticas. "No es justo que una familia tenga que esperar 15 años para ver reparado un daño que no ha causado", sentenció.