En una providencia contundente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Ejecutivo regional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, confirmando así la condena por los servicios mínimos impuestos durante aquel paro.

La demanda presentada por USO contra los servicios mínimos en la empresa Gomur, ubicada en Solvay, encontró eco en la resolución del TSJC, que cuestionó la esencialidad de las labores realizadas en dicho establecimiento durante la huelga. En concordancia, el Supremo ha rechazado el recurso gubernamental por "ausencia sobrevenida de interés casacional", fundamentándose en precedentes similares.

La sentencia original del TSJC enfatizó que las tareas desempeñadas en Gomur, al ser parte de un contrato con Solvay Química y no contribuir directamente a servicios esenciales para la comunidad, no justificaban la imposición de servicios mínimos por parte del Gobierno regional. Asimismo, señaló que la autoridad autonómica carecía de competencia para intervenir de esa manera en el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores.

La reacción de USO ante esta confirmación judicial no se hizo esperar. El sindicato lamentó la actuación "unilateral" del Gobierno cántabro, encabezado en aquel entonces por el consejero Javier López Marcano, y subrayó la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores durante el conflicto del metal en 2022. Ahora, con la sentencia firme, USO vislumbra la posibilidad de reclamar indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por la restricción del derecho de huelga.

Además, la sentencia del Supremo tiene implicaciones significativas para las empresas cántabras afectadas por la normativa SEVESO, entre las que se encuentran Azsa, Solvay Química, Bondalti Cantabria, Terquisa, Cepsa Gas, Dynasol, Aditya Birla Group y Derivados del Flúor. En adelante, los servicios mínimos en este tipo de establecimientos deberán ser determinados por el comité de huelga, marcando un precedente claro contra la intervención gubernamental en asuntos laborales de esta índole.