En una sesión marcada por intensos debates y divisiones partidistas, la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea ha aprobado una propuesta crucial destinada a proteger y respaldar a los pescadores españoles que capturan verdel o sarda en aguas del Atlántico Nororiental.

La iniciativa, promovida por el Partido Popular y respaldada por la mayoría de los grupos parlamentarios excepto el PSOE, busca contrarrestar la asignación unilateral de cuotas de pesca realizada por países no pertenecientes a la UE, pero cuyas flotas operan en los mismos caladeros compartidos, como Noruega, Reino Unido, Islas Feroe e Islandia. El debate se centró en los efectos devastadores que tiene esta práctica sobre la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la economía de las comunidades costeras.

Durante su intervención, el senador cántabro Iñigo Fernández, ferviente defensor de la propuesta, enfatizó la necesidad urgente de que el Gobierno de España defienda los intereses de los pescadores en instancias europeas. Fernández destacó que la sobreexplotación en el Mar del Norte tiene un impacto directo en los caladeros del Golfo de Vizcaya y de Galicia Sur y Portugal, subrayando que estos recursos son compartidos y cualquier desequilibrio afecta a múltiples regiones pesqueras. «Estamos frente a un problema serio que requiere una acción inmediata y coordinada», declaró Fernández.

«El futuro de nuestras comunidades pesqueras está en juego, y es responsabilidad del Gobierno asegurar que se tomen medidas efectivas para proteger nuestros recursos y nuestras industrias pesqueras». El senador del PP también alertó sobre el impacto social y económico en la flota costera artesanal del Cantábrico, destacando que muchas familias dependen exclusivamente de la pesca del verdel para su sustento.

Reclama acuerdos justos

«Esta situación es insostenible a largo plazo. Necesitamos que se establezcan acuerdos justos y equitativos que regulen las capturas y eviten la explotación descontrolada de nuestros mares por parte de flotas extracomunitarias», añadió.

La propuesta aprobada insta al Gobierno español a diseñar una estrategia integral que modifique los procedimientos de toma de decisiones dentro de la UE respecto a las cuotas pesqueras en el Atlántico Nororiental. Se propone promover acuerdos multilaterales basados en informes científicos que excluyan la asignación unilateral de cuotas y aseguren una gestión sostenible de los recursos compartidos. Además, se hace un llamado a la Unión Europea para que presione a los países implicados mediante la revisión de acuerdos comerciales relacionados con la importación de productos pesqueros.

Esta medida pretende ejercer influencia sobre aquellos estados que, a pesar de no pertenecer a la UE, explotan recursos pesqueros en aguas europeas sin respetar los acuerdos establecidos. La aprobación de esta iniciativa marca un paso significativo en la defensa de los intereses pesqueros españoles y pone de manifiesto la necesidad de una acción coordinada a nivel europeo para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos compartidos. El debate parlamentario reveló profundas preocupaciones sobre la efectividad de los mecanismos regulatorios actuales y la urgencia de fortalecerlos para proteger no solo la biodiversidad marina, sino también la subsistencia de miles de familias que dependen de la pesca en las costas españolas.

Esta decisión legislativa refleja un esfuerzo conjunto por parte de diferentes fuerzas políticas para abordar un problema complejo que afecta tanto a la economía como al medio ambiente, resaltando la importancia de políticas pesqueras que sean justas, equitativas y respetuosas con los recursos naturales.