El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, está enfrentando acusaciones serias que incluyen cinco presuntos delitos: contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Esta situación surge a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, que acusa a David Sánchez de percibir un salario público sin cumplir con sus funciones correspondientes en la Diputación de Badajoz, donde trabaja desde 2017.

David Sánchez Pérez-Castejón, conocido también como David Azagra en ámbitos artísticos, ha contratado al abogado Emilio Cortés para su defensa. Emilio Cortés no solo está representando a David Sánchez en este caso, sino que también está involucrado en la defensa del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, en el caso Rubiales.

El caso de David Sánchez ha avanzado con la realización de pruebas por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que incluyen la revisión de contratos y otras evidencias relacionadas con las acusaciones en su contra. La investigación también se ha ampliado para abordar el cambio de residencia fiscal de David Sánchez a Portugal, donde se le acusa de aprovechar beneficios fiscales evitando el pago de impuestos en España.

La Diputación de Badajoz ha respondido a estas acusaciones con una comisión de información, solicitada por el Partido Popular y aprobada por el Partido Socialista, para esclarecer las responsabilidades y funciones reales de David Sánchez en la institución. Esta comisión busca determinar si hubo irregularidades en los contratos y la gestión de sus responsabilidades laborales.

El proceso judicial sigue su curso, respaldado por la Fiscalía tras no recurrir la apertura de diligencias. La situación de David Sánchez Pérez-Castejón representa un desafío significativo para Pedro Sánchez, dado su papel como presidente del Gobierno español y las implicaciones éticas y políticas asociadas con el caso de su hermano.