En un giro reciente sobre la polémica de los trenes diseñados para las comunidades de Cantabria y Asturias, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha decidido suspender cautelarmente la ejecución de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que exigía al Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, la entrega de documentación relativa a los convoyes a una ciudadana que lo había solicitado. Los problemas de medidas de los trenes diseñados para Cantabria y Asturias y los túneles de la red ferroviaria en ambas regiones, es decir, que estaban proyectados y no cabían por los túneles. Una 'chazuza' declarada.

Esta resolución del CTBG, emitida en noviembre de 2023, respondía a la demanda de transparencia sobre los problemas identificados en las medidas de los trenes de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), ubicada en Beasain, Guipúzcoa, cuya producción se retomó a finales de febrero con dimensiones corregidas. La solicitante buscaba también información sobre las medidas adoptadas por Renfe Viajeros desde el descubrimiento del problema, incluyendo posibles ceses o relevos de personal responsabilizado con la gestión de este asunto.

Ante la posibilidad de que la divulgación de esta información pudiera "perder la finalidad legítima" del recurso presentado por Renfe y convertir el proceso judicial en un análisis abstracto de la legalidad de la resolución, la compañía ferroviaria presentó un recurso contencioso administrativo. Renfe argumentaba que la suspensión no implicaría una "perturbación grave" de intereses generales o de terceros, insistiendo en que la divulgación podría generar una situación irreversible, en caso de que posteriormente el recurso fuese estimado favorablemente.

La decisión de suspender cautelarmente la entrega de la documentación ha sido aceptada sin oposición por parte del CTBG, lo que marca un importante precedente en la gestión de información sensible y en la balanza entre la transparencia y la protección de intereses legítimos en procedimientos judiciales.

Este caso subraya la complejidad en la gestión de proyectos de infraestructura ferroviaria y resalta la importancia de la transparencia y la comunicación eficaz entre las entidades públicas y la ciudadanía, especialmente cuando se abordan proyectos que impactan directamente en el bienestar y la movilidad de las comunidades implicadas. La situación continúa en desarrollo, pendiente de una resolución final sobre el fondo del asunto.