El Tribunal Constitucional (TC) avanza en la eliminación de las condenas relacionadas con el caso de los ERE de la Junta de Andalucía, que implicaron un desvío de más de 600 millones de euros. La mayoría progresista del tribunal está preparada para apoyar el recurso de Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda de Andalucía, quien había sido condenada a seis años de prisión y a quince años de inhabilitación absoluta por prevaricación continuada en concurso medial con malversación continuada. Actualmente, Aguayo ya disfruta del tercer grado penitenciario.

La ponencia, a cargo de la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, propone anular la sanción impuesta a Martínez Aguayo. Según el borrador, los actos de elaboración y aprobación de anteproyectos y proyectos de ley por parte del gobierno socialista andaluz no constituyen delito.

Este movimiento sigue la línea de una decisión reciente del TC que anuló la condena por prevaricación de Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y exministra socialista. El tribunal ordenó a la Audiencia Provincial de Sevilla dictar una nueva sentencia para Álvarez, reduciendo su pena en virtud de la nueva doctrina del Constitucional, que se aparta del criterio del Tribunal Supremo.

El argumento central es que los anteproyectos y proyectos de ley presupuestarios, y sus modificaciones, no son resoluciones administrativas y, por tanto, no están sujetos a control penal, ya que son actos del Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función gubernamental.

El 2 de julio, el TC evaluará también los recursos de amparo de otros condenados, incluyendo a Francisco Vallejo Serrano, Antonio Fernández García, Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar. La situación personal de cárcel de estos individuos ha priorizado la deliberación de sus casos, y se espera que, de aprobarse el fallo, sean liberados inmediatamente.

Posteriormente, el 16 de julio, el tribunal abordará los recursos de los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como los del exconsejero Gaspar Zarrías y del exviceconsejero Antonio Vicente Lozano, todos condenados en relación con el mismo caso de los ERE.

Esta serie de decisiones podría culminar en la exoneración de Griñán y otros implicados, consolidando una tendencia en el TC de reinterpretar las responsabilidades penales de los altos cargos políticos en uno de los mayores casos de corrupción de la democracia española.