El Tribunal Constitucional ha decidido, por siete votos contra cuatro, avalar el recurso presentado por la ex consejera de Hacienda y número dos de José Antonio Griñán, Carmen Martínez Aguayo, contra su condena a seis años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación. Esta decisión del Pleno de la Corte apoya el borrador de sentencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, anulando la sanción de Martínez Aguayo y allanando el camino para 'amnistiar' al que fuera su jefe al frente de la Junta de Andalucía.

Según ha adelantado El Debate, la ponencia a cargo de Montalbán ha recibido el aval del bloque izquierdista del TC para anular la sanción de Martínez Aguayo, quien ya goza del tercer grado penitenciario. La resolución sostiene que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por parte del Ejecutivo socialista no pueden ser consideradas constitutivas de delito.

Una construcción jurídica polémica

El Constitucional ha dado forma a una construcción jurídica que se apoya en un triple argumento:

1. Vinculación directa con la Consejería de Empleo: Solo podrán ser castigados aquellos políticos o altos cargos que tuvieron una vinculación directa con la Consejería de Empleo responsable de repartir los más de 680 millones de euros canalizados a través de los «fondos de reptiles». El mecanismo se articuló a través de las transferencias presupuestarias efectuadas a favor de la Agencia IDEA, que fue el organismo encargado de hacer los repartos y los pagos sin fiscalizar.

2. Legalidad de las normas presupuestarias: No se pueden declarar ilegales las normas presupuestarias aprobadas por los Gobiernos socialistas de Chaves y Griñán entre los años 2000 y 2009, bajo la premisa de que las mismas no responderían a una función legislativa propiamente dicha. Esta consideración arrancaría en el momento de recepción del proyecto de ley en el Parlamento, según el Estatuto de Autonomía.

3. Distinción entre actos materiales y procesales: Se está consolidando una diferencia entre los actos materiales o «actos de contenido», que se configuran como una decisión de naturaleza política, y los actos procesales o normativos, que estarían inexorablemente vinculados y condicionados por una normativa previa y, por lo tanto, pueden ser objeto de un control judicial posterior.

Efectos y consecuencias

De acuerdo con el criterio de la magistrada Montalbán y los seis magistrados que han prestado su voto favorable, las decisiones tomadas para el reparto de los fondos no responderían a una función legislativa propiamente dicha y, por lo tanto, quedarían fuera de una posterior fiscalización judicial.

Esta nueva doctrina creada por el TC supondrá un "beneficio extra" o 'indulto encubierto' de facto, para los altos cargos y políticos del PSOE que se están viendo favorecidos por esta interpretación. Esto permitirá que aquellos que fueron juzgados en cualquiera de las causas derivadas de la pieza principal de los ERE, más de un centenar de ellas, no vuelvan a sentarse de nuevo en el banquillo.

Principio de ne bis in idem

Gracias a una interpretación a la carta del principio de ne bis in idem en Derecho Penal, los hechos que ya fueron juzgados no podrán volver a serlo, aunque la condena o la absolución derivada del último escalafón del primer juicio pudiera verse modificada.

La resolución del TC ha generado una amplia polémica y ha sido vista como un claro movimiento para proteger a los antiguos dirigentes socialistas implicados en el caso de los ERE, marcando un precedente que podría tener importantes implicaciones en la política y la justicia española.