La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha lanzado acusaciones contra el juez Juan Carlos Peinado, a quien acusan de llevar a cabo una investigación "prospectiva". En un escrito presentado este martes, el abogado de Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, critica la decisión del juez de citar como testigo al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, en el marco de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Camacho argumenta que su cliente tiene derecho a ser informada desde el inicio sobre los hechos que motivaron la apertura del caso y las razones de su implicación. Señala que a lo largo del procedimiento han solicitado repetidamente al instructor que aclare los hechos concretos que justifican la causa, petición que hasta ahora no ha sido atendida de manera satisfactoria.

El abogado sostiene que la falta de claridad sobre los hechos específicos motivó la presentación de un recurso de reforma, exigiendo una explicación detallada antes de proceder con la citación de Goyache, quien según Camacho, no está relacionado con los hechos investigados.

Camacho critica también la falta de un auto del juez ampliando el objeto de la investigación y advierte sobre el riesgo de iniciar procedimientos penales bajo el pretexto de investigar un delito específico mientras se realiza una exploración general de la vida del investigado.

En este contexto, Camacho hace referencia a jurisprudencia del Tribunal Supremo que destaca la incompatibilidad de una investigación prospectiva con los principios de un Estado democrático de derechos, subrayando que el sistema de inquisición general ha sido desterrado del derecho penal moderno y civilizado.

A pesar de los esfuerzos de la defensa por suspender la citación de Begoña Gómez hasta obtener mayor claridad sobre los hechos investigados por la Fiscalía Europea, el juez mantiene la fecha del 5 de julio para el interrogatorio.

El caso ha generado un debate sobre los límites de la investigación judicial y el derecho de los acusados a ser informados adecuadamente desde el inicio del proceso.