El juez Ismael Moreno, encargado de instruir el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, ha tomado la decisión de no transferir la causa a la Fiscalía Europea, a pesar de la solicitud de esta última y algunas acusaciones populares, como la asociación Liberum. En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Moreno ha argumentado que "no ha lugar a acceder a la avocación de la presente causa". En caso de persistir la discrepancia, el juez planea plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo para su resolución definitiva.

El magistrado sostiene que continuará investigando los contratos de mascarillas suscritos por los gobiernos de Canarias y Baleares al inicio de la pandemia, además de las pesquisas iniciadas por la Fiscalía Europea en marzo, limitándose esta última "exclusivamente" a los aspectos que afecten a los intereses de la Unión Europea.

Moreno ha destacado que los delitos implicados en la causa (cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal) no perjudican directamente los intereses financieros de la UE, argumentando que los fondos nacionales comprometidos en el caso superan en cuantía a los fondos europeos utilizados. Esta discrepancia fue subrayada por la Fiscalía Anticorrupción, que apoyó la competencia de la Audiencia Nacional en el caso.

El debate sobre la jurisdicción de este tipo de casos entre la justicia nacional y la europea ha sido objeto de preocupación entre fiscales y juristas, quienes temen que trasladar el 'caso Koldo' a la UE pueda resultar en un cierre prematuro de la investigación, similar a lo ocurrido con otros casos previos.

En contraste con esta decisión, el juez Juan Carlos Peinado había cedido recientemente una parte del caso relacionada con contratos de Red.es a la Fiscalía Europea, decisión que contrasta con la postura actual de Moreno en el 'caso Koldo'.

La resolución definitiva sobre la competencia para investigar este caso ahora podría quedar en manos del Tribunal Supremo, dependiendo de cómo evolucione la disputa entre el juez Moreno y la Fiscalía Europea.

Esta decisión marca un nuevo capítulo en un caso de alto perfil que ha generado debate sobre la colaboración entre las jurisdicciones nacionales y europeas en la lucha contra la corrupción y el fraude en contrataciones públicas durante la pandemia.