En un fallo histórico, la sección de apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido amnistiar al ex consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y al escolta del ex presidente Carles Puigdemont, Lluís Escolà. Esta resolución marca el primer caso en el que se aplica el olvido penal del procés independentista, tras su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados.

El tribunal ha declarado la extinción de la responsabilidad penal de Buch y Escolà «al quedar amnistiados los actos en virtud de los cuales fue declarada su responsabilidad criminal en la instancia». Esta decisión pone fin a un proceso judicial que había condenado a Buch a cuatro años y medio de prisión y a Escolà a cuatro años, además de imponerles 20 años y 10 años de inhabilitación, respectivamente, por delitos de prevaricación y malversación.

La sentencia original, dictada por la Audiencia de Barcelona en septiembre de 2023, condenaba a Buch por prevaricación y a ambos por malversación. Sin embargo, el tribunal del TSJC ha argumentado que, en el caso de Buch y Escolà, no ha existido un «beneficio personal de carácter patrimonial», una de las condiciones necesarias para aplicar la amnistía del procés. En particular, sobre Escolà, el tribunal ha señalado que «resultaría una paradoja insalvable que quien facilita a otro el ejercicio de funciones de seguridad y protección del expresidente mediante el dictado de una resolución habilitante, pueda ser amnistiado dada la falta de beneficio personal patrimonial y quien precisamente lleva a cabo dichas funciones no pueda serlo cuando su proceder se limita a percibir la retribución correspondiente por los servicios prestados».

La decisión del TSJC también implica la cancelación de todas las medidas cautelares «personales o patrimoniales» adoptadas a lo largo del procedimiento, ordenando que se eliminen «cuantos registros, anotaciones y antecedentes, incluidos los policiales, se hayan llevado a cabo exclusivamente en virtud de los actos expresamente amnistiados».

Antecedentes del Caso.

Miquel Buch fichó a Lluís Escolà como asesor de Interior en verano de 2018, tras intentar sin éxito reclutar a «4 o 5 personas de confianza». Escolà, un mando policial que había sido escolta de los ex presidentes Jordi Pujol y Artur Mas, fue finalmente elegido a pesar de estar bajo investigación por ayudar a Puigdemont en su fuga. Durante el juicio, Buch admitió que conocía la investigación abierta contra Escolà, pero explicó que esperó a que terminara el procedimiento antes de contratarle.

Entre julio de 2018 y marzo de 2019, Escolà pasó 103 de los 224 días que estuvo en el cargo de asesor fuera de Cataluña. A través de sus publicaciones en Twitter, Escolà hizo pública su presencia junto a Puigdemont en Bélgica y durante sus viajes por Europa. En el tribunal, Escolà justificó estos viajes afirmando que fueron «viajes privados» con un «amigo». «El presidente Puigdemont me pide si le puedo acompañar en un viaje privado, informo de que estoy de vacaciones y para mí es un honor», declaró Escolà.

La amnistía otorgada a Buch y Escolà ha generado una oleada de reacciones en el panorama político y social de Cataluña y del resto de España. Desde el entorno independentista, se ha celebrado esta decisión como un primer paso hacia la reparación de lo que consideran una injusticia cometida contra los líderes y colaboradores del procés. Por otro lado, sectores contrarios a la amnistía han criticado la medida, argumentando que sienta un precedente peligroso y puede socavar la credibilidad del sistema judicial.

El ex consejero de Interior, Miquel Buch, ha expresado su satisfacción por la decisión del TSJC y ha reiterado su compromiso con el movimiento independentista. «Esta amnistía no borra el sufrimiento ni la lucha, pero es un paso hacia la justicia que tanto hemos reclamado», afirmó Buch en una declaración a los medios. Por su parte, Lluís Escolà también se ha mostrado agradecido y ha subrayado la importancia de continuar trabajando por los derechos y las libertades en Cataluña. El tribunal ha dejado claro que la amnistía no se aplica de manera indiscriminada, sino que se basa en criterios específicos, como la ausencia de un beneficio personal de carácter patrimonial.