David Morales Urbaneja

La Haya, 23 feb (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en enero de 2020 exigió a Birmania (Myanmar) tomar medidas cautelares que eviten los asesinatos de rohinyás, se encuentra ante el laberinto legal de considerarse competente para juzgar el presunto genocidio de esta minoría musulmana.

La vía legal para demostrar dicho crimen ante la justicia internacional es tediosa y requiere de tiempo. Antes de analizar el fondo del caso, el alto tribunal de la ONU debe resolver primero si la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio es suficiente para declarar que tiene jurisdicción.

No es la primera vez que dicha convención aparece sobre los escritorios de los jueces de La Haya, pues Bosnia Herzegovina y Croacia la invocaron en los años 90 para denunciar a Yugoslavia.

La extinta República presentó objeciones preliminares que retrasaron la sentencia y la corte, en 2007, definió como genocidio el asesinato de unos 8.000 musulmanes varones en Srebrenica. Es decir, doce años después de la matanza.

La CIJ se topa ahora con un problema similar. Gambia, un pequeño país africano de mayoría musulmana, denunció en noviembre de 2019 los asesinatos de rohinyás.

Birmania presentó objeciones preliminares y el pasado lunes, en una audiencia oral, pidió a los jueces que se declaren incompetentes. Se prevé que la corte resuelva el asunto en los próximos meses.

El ministro de Justicia de Gambia recurrió hoy a un aforismo para pedir celeridad a los magistrados. “La justicia retrasada es justicia denegada”, dijo Dawda Jallow durante una sobria intervención en el Palacio de la Paz, la sede del tribunal en La Haya.

El mandatario recordó pasajes de un informe de la comisión de investigación de la ONU en Birmania, en el que se dice que hubo elementos de "genocidio intencional" en la actuación de las Fuerzas Armadas, como la muerte de unos 10.000 rohinyás y la huida de más de 700.000 a Bangladés entre 2016 y 2017.

“Solo esta corte puede hacer que Myanmar rinda cuentas por sus actos de genocidio”, añadió el ministro.

No obstante, las barbaridades del Ejército de Birmania están quedando en un segundo plano durante las vistas orales de esta semana y la que viene.

Las partes se centran en arrojar luz sobre una pregunta legal con más de una arista: ¿Tiene la CIJ jurisdicción sobre el caso en base a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, tal y como reclama Gambia?

El pasado lunes, los abogados de la junta militar birmana argumentaron que no. Se preguntaron en voz alta qué hay detrás de la denuncia, pues ni los ciudadanos de Gambia ni sus intereses se ven afectados por unas operaciones militares que ocurren a más de 11.000 kilómetros de distancia.

Añadieron que el país africano ha sido utilizado como un “proxy State” (“Estado intermediario”) por la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), un organismo internacional que agrupa a países de confesión musulmana, y recordaron que la CIJ solo resuelve litigios entre Estados individuales.

El ministro gambiano respondió hoy con orgullo. “No somos un Estado intermediario”, dijo pausadamente. “Buscamos no solo proteger los derechos de los rohinyás, sino también nuestros derechos como Estado Parte de la convención”. El abogado de Banjul Andrew Loewenstein reconoció que la OCI ha financiado llevar el caso a la justicia internacional, pero dijo que eso “no la convierte en la parte denunciante”.

Si los jueces de La Haya se declararan competentes en los próximos meses, las rondas de argumentos escritos y orales sobre el fondo del caso, sumados al tiempo que lleve la deliberación, conllevarían que la CIJ no pronunciaría su veredicto final hasta dentro de unos años.

Mientras tanto, decenas de miles de rohinyás siguen esperando en los campos de refugiados de la vecina Bangladés. La demora de la justicia internacional, sumada al golpe de Estado de la junta militar en febrero de 2021, dan por el momento pocas esperanzas a la minoría musulmana. EFE

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