Túnez, 25 ene (EFE).- La Asociación Tunecina de Jóvenes Magistrados (ATJM) acusó hoy al presidente de la República, Kais Said, de lanzar "peligrosas" campañas de difamación contra los jueces para orientar sus decisiones y apropiarse de las prerrogativas del poder judicial después de que retirase las primas y privilegios a los miembros del Consejo Superior de la Magistratura (CSM).

"Todas las instancias constitucionales, así como la presidencia del Gobierno y la presidencia de la República, otorgan privilegios importantes a su personal y la retirada de estos privilegios o la disolución del Consejo Superior de la Magistratura no tiene nada que ver con la reforma de la justicia", declaró el organismo en un comunicado de prensa.

En cuanto a las críticas del mandatario sobre la demora de las sentencias, los magistrados defendieron que estos plazos responden a los controles e investigaciones judiciales además del derecho a la defensa con el objetivo de garantizar un juicio justo.

Por otro lado, el comunicado apuntó a la "incapacidad del régimen" de luchar contra la corrupción- su caballo de batalla- y lamentó que trate de "empañar la reputación de los magistrados íntegros del Estado haciendo creer que el sistema judicial es corrupto".

Según un decreto presidencial publicado el pasado día 20, los 45 miembros del Consejo serán privados a partir de ahora de su prima mensual de 2.300 dinares (equivalente a 700 euros) además del bono de 400 litros de combustible para los desplazamientos; una decisión que fue calificada por el organismo de "injerencia" del Ejecutivo.

En los últimos meses, Said ha mencionado en varias ocasiones la necesidad de revisar la ley del poder judicial, que considera "una de las funciones del Estado", y la posible disolución del Consejo Superior de Magistratura, encargado del buen funcionamiento y de la independencia de la autoridad judicial.

Desde que el pasado 25 de julio Said proclamase el Estado de excepción -que incluyó el cese del entonces primer ministro, Hichem Mechichi, y la suspensión del Parlamento -, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y ha asumido plenos poderes con el fin de "recuperar la paz social".

Una iniciativa que ha sido calificada por la mayoría de partidos políticos como "golpe de Estado", mientras otros consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zin El Abidin Ben Ali.

Desde entonces, la justicia, tanto civil como militar, ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares -arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados por supuestos casos de corrupción y otros ligados a la libertad de expresión, lo que ha suscitado la preocupación de organizaciones de defensa de los derechos humanos. EFE

nrm/fpa