Madrid, 22 feb (EFE).- La Audiencia Nacional ha absuelto al ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra y a los propietarios del grupo MedCapital Real Estate, Francisco de Andrés y Dimas de Andrés, de los delitos de administración desleal y apropiación indebida en el alquiler a Apple de un local en Barcelona.

En la sentencia a la que ha tenido acceso Efe este martes, el tribunal absuelve asimismo a los exdirectivos José Vicente Giner, a Juan Alfredo Zurita y a Francisco Egea, todos ellos acusados de los mismos delitos por la Fiscalía después de que el FROB vendiera el Banco de Valencia a CaixaBank.

El Ministerio Fiscal acusaba a Parra y a los exdirectivos de Banco de Valencia y Bancaja de haber aprobado de forma irregular la subrogación de Iberfin Capital, participada por la familia del ex consejero delegado de Banco de Valencia, de una carga hipotecaria casi 10 millones inferior a la que gravaba antes la finca adquirida.

Se trataba de un local en el centro de Barcelona, en la Plaza de Cataluña con el Paseo de Gracia, con una hipoteca concedida desde 2006 por el Banco de Valencia y Bancaja a la sociedad Andybal, que acabó siendo alquilado a la multinacional Apple.

Según el relato de la Fiscalía, los vínculos entre Iberfin y Domingo Parra eran múltiples, no en vano su sociedad familiar, Intercapiresa, tenía una participación del 25 % en ella, y el 75 % restante era propiedad de Inversora del Reyno de Valencia, del empresario Francisco de Andrés.

De Andrés también fue procesado, junto con su hijo Dimas de Andrés -ahora dueños del grupo MedCapital Real Estate- y la misma suerte corrió José Antonio Parra, hijo de Domingo Parra, ya que los tres eran responsables de Iberfin Capital.

Ahora, sin embargo, la Audiencia Nacional considera que las actuaciones llevadas a cabo por todos ellos estuvieron siempre ajustadas a derecho.

Un portavoz de la familia De Andrés ha manifestado a Efe que “esta sentencia absolutoria viene a restituir parte del daño reputacional que el fundador de la empresa familiar y su hijo han padecido durante los últimos nueve años como consecuencia de las acusaciones realizadas en 2013, ahora demostradas sin fundamento”.

Según la sentencia, los hechos declarados probados "no son constitutivos de delito”, conclusión a la que llega el tribunal tras la apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, que comenzó en plena pandemia, en julio de 2020.

“La actividad desplegada por los acusados no constituye acto alguno de administración desleal o apropiación indebida constitutivos de delito, ni existió cooperación necesaria en ellos", recoge el fallo de la Audiencia Nacional.

En otro punto señala que “la conclusión que se desprende es que esta operación no supuso ningún perjuicio para las entidades bancarias, Banco de Valencia y Bancaja, sino que fue beneficiosa”.

Y más adelante, asegura, “la operación salió bien y todos ganaron”. EFE

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